El modelo del plurilingüismo al que aspira el Ejecutivo valenciano en el sistema educativo sería un fracaso aplicado al funcionariado valenciano. El conocimiento de lenguas extranjeras, en particular el inglés, es una de las asignaturas pendientes de una plantilla, escasa a todos los efectos y sujeta a los males del envejecimiento y la interinidad.
Los datos oficiales facilitados por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas evidencian que los más de 16.000 empleados y empleadas que trabajan en la Administración del Consell (queda fuera el personal sanitario y educativo) tienen un dominio de las lenguas bastante limitado. Así, sólo 3.667 pueden acreditar ante la Generalitat que saben inglés, al margen del nivel. Es decir, solo un 22 %, poco más de uno de cada cinco empleados públicos, ha facilitado al departamento de Función Pública algún título habilitante expedido por Escuelas Oficiales de Idiomas que certifique que conocen esta lengua extranjera. Según estos datos, el inglés sería un idioma bastante ajeno para buena parte de la plantilla pública, aunque la más explorada si se atiende a la radiografía completa.
Después del inglés, el francés es la lengua extranjera más extendida, si bien sólo la conocen (o pueden demostrar que la conocen) 1.856 personas, lo que supone el 11 % de la plantilla. En tercer lugar, se encuentra el italiano. Poco más de medio millar de funcionarias y funcionarios tienen títulos homologados de lengua italiana. La cifra baja a 262 en el caso del alemán. Eso sí, entre el funcionariado valenciano es posible encontrar a ocho personas que saben ruso, tres que conocen el árabe y dos que saben sueco y griego, respectivamente. En su conjunto, 6.374 funcionarios saben otro idioma, el 38 % de la plantilla.
El mapa de las lenguas en la Generalitat Valenciana es, sin tener en cuenta el conocimiento del valenciano, bastante pobre. Los datos evidencian la necesidad de una mayor formación en lenguas extranjeras, sobre todo en inglés, la lengua más hablada del mundo.
No es de extrañar que de cara a una Administración más moderna, los expertos en Función Pública, a quienes la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas encargó un informe sobre la situación del empleo público valenciano, apostaran por el conocimiento de lenguas extranjeras por parte de los aspirantes a una plaza pública.
En una de sus recomendaciones recogidas en el informe estimaban «conveniente» que la nueva ley se refiera a la posibilidad de introducir en las oposiciones una prueba de conocimiento de lenguas extranjeras. En particular, aludían al inglés.
Los expertos indicaban que esta prueba podría servir a efectos de requisito de acceso o bien como mérito evaluable, siempre, añaden, «en función del perfil de las plazas convocadas, sin perjuicio de que pueda excluirse en determinados casos justificados». La reflexión es de los sabios respecto a la necesidad de contar con una administración con competencia lingüística en inglés. Menor contundencia mostraron entonces sobre el requisito lingüístico en valenciano, un asunto controvertido. De forma hábil, los expertos evitaron tomar partido. Concluyeron que introducir el requisito lingüístico era jurídicamente viable, si bien se trataba de una «cuestión de carácter más político que técnico», ya que «está estrechamente ligado a los valores, principios y modelos sociales que resulten preferibles por la ciudadanía y los representantes parlamentarios».
La actual ley de la función pública recoge la obligación de acreditar o aprender valenciano de los funcionarios una vez han accedido a la Función Pública. Es decir, salvo algunos puestos muy concretos, como los traductores o técnicos de promoción lingüística, el requisito lingüístico no existe. Desde los inicios de la Generalitat, el conocimiento de la lengua no se ha exigido de forma fehaciente. Es decir, no se han reclamado los certificados correspondientes, tal como refleja el informe en el que se constata que «la naturaleza no selectiva del requisito y la práctica hasta ahora seguida por la Generalitat, arroja serías dudas sobre la efectividad» de la regulación actual sobre la exigencia de conocimiento del valenciano.
El anteproyecto de la nueva ley de la función pública elaborado por el primer Botànic aunque pendiente de aprobación, recoge, tras mucha polémica, la obligación de conocer el valenciano como requisito previo a optar a una oposición. La futura normativa, salvo cambios no previstos, no recoge la recomendación de los sabios sobre el inglés.
Así las cosas, no se esperan cambios respecto a la exigencia de conocimiento de idiomas extranjeros. En la actualidad, tener un título que acredite saber un idioma está considerado como un mérito en la mayoría de oposiciones. El conocimiento del valenciano puntúa por encima del conocimiento de cualquier lengua extranjera.
