Hoy, 2 de septiembre, se hubieran cumplido los 30 años del inicio de las emisiones de Canal 9 en pruebas, anticipando la puesta de largo oficial concretada el 9 d'Octubre de aquel 1989. Esta semana se hubieran cumplido tres décadas de historia si la antigua Radio Televisión Valenciana no hubiera sido amputada a la sociedad y la industria cultural valencianas de forma traumática.
El abrupto cierre de la antigua corporación -materializado el 29 de noviembre de 2013- ha privado a los valencianos de un referente cultural, social y audiovisual que sí tienen el resto de autonomías españolas con lengua propia y la mayor parte de los países y regiones más avanzados del mundo.
La decisión la tomó el entonces president de la Generalitat, el popular Alberto Fabra, tras el fiasco que supuso la anulación del ERE del ente público por parte del TSJ, que obligaba a la administración autonómica a readmitir a 1.131 trabajadores del grupo. Fabra bajó la persiana acorralado por la amenaza de quiebra técnica que sobrevolaba sobre las cuentas públicas valencianas y ante el temor de ser intervenido por el Gobierno central, que entonces presidía Mariano Rajoy, también del PP y su jefe de filas.
Sin duda, la crisis y desaparición de la extinta RTVV fue una consecuencia inmediata de aquel ERE tan mal gestionado y del colapso económico del ente que acumuló una deuda de 1.200 millones de euros hasta su liquidación, en septiembre de 2018. Sin embargo, el descrédito de Canal 9 y Ràdio 9 se fraguó en años de desprestigio social, manipulación política y despilfarro en su gestión económica durante los gobiernos del Partido Popular, con Eduardo Zaplana y Francisco Camps como jefes del Consell.
Dos expertos como el profesor de la Universitat de València Carlos López Olano y el Catedrático de la Universitat Jaume I Javier Marzal, en conversaciones con Levante-EMV, apuntan una serie de factores que explican la decadencia de la denominada televisión y radio de proximidad autonómicas, y que pudieron crear un caldo de cultivo favorable a su cierre en los sectores más conservadores. López Olano y Marzal coinciden en que el despilfarro económico y la corrupción, la falta de independencia en la línea editorial, además de la caída constante de las audiencias y la externalización de la producción hacia Madrid, acabaron por generar un descrédito informativo y una desafección por parte de los valencianos.
Lo peor es que en términos culturales e industriales se han producido terribles consecuencias. Javier Marzal subraya que el cierre de la radiotelevisión pública arrastró «a la ruina y hasta su práctica extinción a todo el sector audiovisual valenciano, privando a la Comunitat Valenciana de un sector productivo considerado estratégico en los países más avanzados del mundo, dentro de la denominada Economía del Conocimiento».
Hasta hace un año y medio, À Punt comenzó a emitir pruebas el 25 de abril de 2018, la Comunitat Valenciana era la única región europea con lengua propia que carecía de un servicio público de radiotelevisión. Además, cuenta Marzal, nace lastrada por las carencias heredadas de su antecesora. «La infraestructura tecnológica está totalmente obsoleta». Hoy no se ve en multitud de comarcas valencianas y carece de una plataforma multimedia potente, como requeriría un medio público a la altura del siglo XXI. Todo ello hace que sea «complejísimo» consolidar audiencias razonables y recuperar una industria cultural desmantelada a corto y medio plazo.
