El Ejecutivo valenciano tiene previsto aprobar un aumento del 1,5 al 2 % del tipo de gravamen del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) que se aplica a los bancos en los préstamos hipotecarios. Es el conocido como impuesto de las hipotecas, que antes pagaban quienes adquirían una vivienda de segunda mano y que desde noviembre de 2018 deben asumir los bancos. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto ley para cambiar la regulación de este impuesto en respuesta a la controvertida sentencia del Supremo que rectificaba un primer fallo anterior que determinaba que eran los bancos y no los clientes quienes debían de soportar este tributo. La controversia generada por la decisión del Supremo empujó al Gobierno socialista a dar una respuesta contundente y que además entroncaba con el sentir de la ciudadanía.
El Consell ahora, y en medio de una crisis severa de asfixia financiera, tiene previsto incrementar este tributo. La medida, según ha podido saber este diario, está ultimada y será el plato fuerte de la ley de medidas fiscales, más conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2020. El impuesto de actos jurídicos documentados, que grava los documentos notariales sobre inmuebles, ya experimentó una subida en tiempos del Consell de Alberto Fabra, al crecer al 1,5 %, uno de los gravámenes más altos de España.
Cabe señalar que el AJD es un impuesto que recaudan las comunidades autónomas, ya que tienen transferidas las competencias de este tipo de tributos.
La cantidad depende del importe de la hipoteca pero, sobre todo, de la comunidad autónoma en la que se realiza la operación ya que existe un abanico de opciones desde el 0,5 % de Navarra y el País Vasco hasta el 1,5 % de autonomías como la valenciana. El gravamen volverá a crecer pero sólo en lo referente al impuesto de las hipotecas, es decir, la mayor presión fiscal recaerá en exclusiva en los bancos ya que para el resto de trámites que llevan AJD, el tipo del gravamen seguirá al 1,5 %.
La Comunitat Valenciana sigue así los pasos de Cataluña, que el pasado mes de junio abrió fuego con un decreto por el cual aumenta del 1,5 % al 2 % el tipo de gravamen. Este cambio legal supondrá, según las estimaciones del Gobierno catalán, una recaudación de alrededor de 81,9 millones de euros más al año. Fuentes de Hacienda no concretaron el impacto de esta medida en las arcas valencianas, si bien precisaron que el objetivo no es exclusivamente recaudatorio.
Con su decreto ley de medidas tributarias urgentes y de lucha contra el fraude, Cataluña se convirtió en la comunidad con el tipo más alto en este tributo. Si los planes de la Conselleria de Hacienda siguen adelante, la valenciana será la segunda en tomar una medida que, a priori, tendrá buena acogida. Ya antes del cambio quien adquiría una vivienda mediante un préstamo hipotecario venía prácticamente a pagar dos veces por lo mismo.
En teoría, este tipo de política impositiva (gravar a quienes más tienen) forma parte del ideario de la izquierda, por lo que contará con el aval de Compromís y Unides Podem. En su momento, coincidiendo con la controversia de la sentencia del Supremo, el PP pidió eliminar este impuesto.
Con todo, existe una cara b, un riesgo del que algunas voces vienen alertando y que los datos parecen verificar: que los bancos acaben repercutiendo esta subida en las hipotecas. De hecho, los datos del Instituto Nacional de Estadística parecen establecer una relación entre el precio de las hipotecas en cada territorio con el tipo de gravamen de AJD aplicado. Aragón, por ejemplo con un tipo general del AJD del 1,5 %, es la comunidad donde más se han encarecido las hipotecas.
En la Comunitat Valenciana, por su parte, el incremento desde octubre a abril de 2018, es decir, los meses siguientes de que el impuesto pasara a recaer en los bancos, las hipotecas se encarecieron un 7,7 %. Con todo, esta asociación no es concluyente, ya que en Cataluña se redujo el interés bancario.
Al margen de esta cuestión, tocar este impuesto permite al Consell tripartito una medida de impacto y ello, en un momento muy complicado, como es la elaboración de unos nuevos presupuestos con escaso margen de maniobra. Hace un año, el Consell cuadró unas cuentas públicas expansivas gracias, entre otras cuestiones, a una previsión optimista de la recaudación vía el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentales. Sin embargo, la actividad inmobiliaria se ha estancado de nuevo.
Las fuentes consultadas indican que, a parte del AJD, no está prevista una subida de impuestos. En cuento a las bonificaciones fiscales, lo único previsto es incorporar el anuncio del presidente Ximo Puig sobre la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones del 95 al 99 % para todas las empresas familiares.
