El grupo popular en las Corts Valencianes ha presentado en el registro una solicitud de documentación que afecta de nuevo a un colectivo sensible. Si la ultraderecha de Vox lleva prácticamente desde su irrupción en la política valenciana intentado conocer datos de grupos vulnerables, como personas Lgtbi y las ayudas que reciben, algo que motivó que la Mesa de las Corts llevara la petición a la Fiscalía, ahora es el PP el que quiere conocer la relación de los alumnos que cursan religión islámica.

La petición de documentación la solicita al conseller Vicent Marzà, la portavoz de Educación del PP, Beatriz Gascó, y el documento al que ha tenido acceso Levante-EMV lo suscribe la síndica adjunta, Elena Bastidas. Ambas solicitan la relación de alumnos y alumnas que solicitaron estudiar religión islámica en las provincias de Valencia, Alicante y Castelló, durante los cursos 2009-2010 a 2018-2019, desglosados por municipios y provincias, es decir una relación de diez años.

Fuentes populares aseguran que la petición de documentación no va dirigida contra personas ni colectivos y que su intención no es conocer sus datos. Aseguran que el término «relación» no se refiere a nombres y apellidos, sino al número de escolares que asiste a las clases de religión islámica. Añaden que les sería suficiente con las iniciales, aunque sí quieren saber su distribución geográfica en pueblos y ciudades de la Comunitat Valenciana. Desde el partido aseguran que la diputada solicitante es consciente de que los nombres y apellidos no se van a difundir, pero sostienen que no se vulnera ningún tipo derecho con esta petición, como cuando se pregunta por los alumnos que cursan religión católica o por el número de profesores de religión y recalcan que en ningún caso la pregunta se realiza contra un colectivo.

Hace unos días, los populares ya preguntaron por la relación de los alumnos con becas comedor, a lo que desde las fuerzas del Botànic se respondió que esa relación no se podía dar porque se trataba de nombres y apellidos y el PP replicó que no buscaba los nombres completos.

Mientras, la pregunta al conseller Marzà sobre los alumnos que cursan religión islámica se produce en un momento en que el gobierno de Almoradí (el Baix Segura), donde PP y Ciudadanos cuentan con mayoría, ha tomado la iniciativa para tratar de dejar sin efecto el proyecto, de momento piloto, puesto en marcha por la Conselleria de Educación para impartir religión islámica en distintos colegios de la ciudad.

Los miembros del equipo de gobierno han solicitado incluso una reunión con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Su intención es que no se ofrezcan clases de religión islámica en los centros de Almoradí, para lo que aseguran que no hay motivos ideológicos sino puramente de espacio en los centros.

Cumplimiento de la ley

En cambio, Compromís en aquella localidad respalda que se ofrezcan estas clases a los alumnos que lo deseen porque de ese modo se da cumplimiento a los acuerdos que el Estado español firmó con diferentes confesiones religiosas para dar esta oferta educativa.

La Generalitat también se defiende asegurando que se limita a cumplir con la ley y tiene la obligación de ofrecer religión islámica . Con todo, el conseller Marzà siempre se ha mostrado reticente a que se den clases de cualquier confesión religiosa en los colegios públicos.

De momento, el partido que más ha preguntado por colectivos sensibles es Vox, la última por los menores no acompañados y su participación en delitos y por su adaptación a la cultura y las costrumbres españolas, pero antes por las personas Lgtbi o las víctimas de violencia «intrafamiliar», como la denominan.