Las posiciones siguen donde estaban entre los principales socios del Consell. Esto es, alejadas. La reunión de ayer del conseller de Hacienda, Vicent Soler (PSPV), con la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra (y a la que se unió el titular de Educación, Vicent Marzà, el otro peso pesado de la coalición en el gobierno), acabó sin avances de consideración.

Compromís no está dispuesto a asumir recortes en el presupuesto de la Generalitat de 2019 si el Consell no se planta ante el ejecutivo central y Hacienda permite además la contratación de nuevos funcionarios, clave para aumentar los ingresos, entiende.

Así que de momento queda descartado que el plan de ajuste diseñado por Soler vaya al pleno del Consell del próximo viernes, manifestaron fuentes de la coalición.

Hacienda se limitó a señalar tras el encuentro que se ha acordado «seguir trabajando para buscar la fórmula que pueda permitir afrontar la situación creada per la falta de ingresos y abordar con cirujía fina los ajustes necesarios».

«Somos conscientes de que nos encontramos en una situación difícil, a nadie nos gusta, a mí el primero. Como conseller de Hacienda he de gestionar este tema y no es agradable. Pero somos un gogierno responsable», añadió Vicent Soler.

Oltra y Marzà pusieron ayer una cifra sobre la mesa: 730 millones. Son los 450 millones de las entregas a cuenta de la financiación autonómica retenidas porque el Gobierno está en funciones y los 280 millones del mes de IVA que el ejecutivo de Mariano Rajoy no trasladó a las comunidades.

O el Consell exige a Pedro Sánchez estas cantidades y libera la posibilidad de contratar nuevos funcionarios (considera que es clave para poder obtener nuevos ingresos) o no acepta hablar de ajustes al presupuesto autonómico. Este estaba muy condicionado a la existencia en Madrid de un gobierno aliado, expectativa que se rompió al convocarse elecciones generales tras la bofetada del Congreso a los presupuestos del Estado. Compromís también insistió ayer en la necesidad de que se convoque el consejo de política fiscal y financiera.

El PSOE mantiene de momento la prudencia ante los socios. Elude la confrontación, asume que la reivindicación está muy bien, pero subraya en privado que eso no va a solucionar el actual problema de caja y de carencia de ingresos.

Soler se reunió también con el vicepresidente segundo y candidato de Unides Podem, Rubén Martínez Dalmau, que descartó que los ajustes afecten a «derechos sociales». A la salida, pidió unidad de gobierno. Su solución es que haya ejecutivo en España: «Los derechos de los valencianos no pueden depender del capricho de Sánchez de no querer un gobierno de coalición» con Podemos.