La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública colaborará con la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en la Comunitat Valenciana en la investigación de aquellas denuncias que sean presentadas de forma simultánea. Reforzar los mecanismos de prevención y sanción de las malas prácticas administrativas y los posibles comportamientos delictivos ha sido una de los principales acuerdos alcanzados ayer en la reunión mantenida entre el director de la Agencia Antifraude, Joan Antoni Llinares y la consellera Gabriela Bravo.
Cabe recordar que la reorganización del nuevo Ejecutivo valenciano ha hecho recaer en el departamento de Justicia las competencias de la Inspección General de Servicios (IGS), máximo órgano de control interno de la Administración valenciana, hasta ahora dependiente de la Conselleria de Transparencia.
En la citada reunión, que no figuraba en la agenda pública, Bravo y Llinares acordaron tramitar el protocolo general de colaboración entre la conselleria y la Agencia Antifraude con el fin de coordinar mejor la lucha contra el fraude, la corrupción y las malas prácticas administrativas.
Ambas instituciones se han comprometido a compartir la información y a coordinarse para investigar las denuncias presentadas de manera simultánea ante ambos órganos de control y evitar interferencias o invasiones de competencias que puedan generar disfunciones en los procedimientos.
Esta colaboración quedará plasmada en un convenio en el que se fijarán los canales para compartir la formación del personal en materia de integridad, de lucha contra el fraude y en la creación de una cultura social de rechazo de la corrupción. Está previsto también un marco de colaboración en la evaluación del sistema de alertas. La consellera Bravo destacó que su departamento brindará a la Agencia «toda la colaboración con lealtad institucional ya que la lucha contra la corrupción y las malas prácticas administrativas son una prioridad para el Consell del Botànic».
