El conseller de Hacienda, Vicent Soler, habló ayer en las Corts de «situación excepcional». Inquirido por el coste que va a tener para las arcas valencianas la inestabilidad política en Madrid, el conseller lo situó en cerca de 1.500 millones. En concreto, las conocidas entregas a cuenta del modelo de financiación suponen 450 millones de euros, que el Gobierno bloquea al asegurar que no puede enviarlas porque se encuentra en funciones. También sigue pendiente por culpa de la incertidumbre política la mensualidad del IVA de 240 millones que está paralizada desde los tiempos de Cristóbal Montoro, además de otros ingresos que iban a llegar porque estaban aceptados por las cuentas del Estado, como los 350 millones de aportación mayor del Gobierno a sufragar la ley de la Dependencia. Otra de las reclamaciones históricas que el Consell tiene pendiente y que no puede reclamar a un Gobierno en funciones es la del dinero pendiente de ingresar por la atención sanitaria a los vecinos de otras autonomías que son atendidos en la Comunitat Valenciana y que supera los 450 millones de euros.
En total, prácticamente 1.500 millones que permitirían aliviar las cuentas de la Generalitat y evitar los recortes que el Consell tiene que abordar en las próximas semanas, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que parte de ese dinero llegaría a las autonomías antes del 15 de diciembre.
