El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, exigirá el martes a la ministra de Hacienda una solución «inmediata y legal» a las entregas a cuenta del sistema de financiación: 450 millones de euros que permanecen bloqueados al estar el Gobierno en funciones y que asfixian la caja autonómica.
Puig anunció su encuentro con María Jesús Montero tras recibir en el Palau al presidente de la Diputación de Castelló, José Martí, y sin esperar a las preguntas de los periodistas. Tras unos días sin comparecencias públicas, el líder del PSPV negó «tibieza» alguna con respecto a una financiación justa y que haya rebajado el tono reivindicativo cuando Pedro Sánchez (PSOE) está en la Moncloa.
No obstante, no se había mostrado tan contundente hasta ayer, unas horas después de que los principales dirigentes de Compromís se vieran con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y plantearan condiciones a su propuesta de «ajustes» del presupuesto de la Generalitat de 2019.
Estas rebajas al presupuesto de gastos del Consell se mantendrán aunque el ministerio responda positivamente a Puig y halle una vía para pagar la liquidación de las entregas a cuenta. Los cálculos de Presidencia es que la falta de presupuesto estatal -fue tumbado por PP, Cs y los independentistas, como el president reiteró ayer- supone la pérdida de cerca de mil millones de euros. Los 450 de los anticipos serían un alivio, pero no eliminarían totalmente el problema de ingresos del ejecutivo autonómico. Se trata también de cuestión de pedagogía y «responsabilidad», según estas fuentes: no puede no pasar nada cuando se ha restringido la llegada de ingresos.
La reclamación al ejecutivo de Sánchez de estas entregas a cuenta del sistema de financiación era el primer requisito que la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra, y el conseller Vicent Marzà pusieron al titular de Hacienda para aceptar su plan de ajustes. El segundo fue la exigencia de los 280 millones que el Gobierno debe de un mes de IVA de los tiempos de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro. Puig no lo destacó, pero señaló que también exigirá a Montero «los pasos» para recuperar esa cantidad.
Otra condición es que el Consell pida la convocatoria del Consejo Política Fiscal y Financiera (CPFF). No es una prioridad, aunque Puig abrió la puerta a aceptarlo, si bien considera que no es la solución con un ejecutivo no estable. Podría pedirse en función del resultado de la reunión con la ministra. Pero hay otras vías «más efectivas», dijo. La única de las condiciones de Compromís que Puig ni mencionó fue la de liberar la contratación de más empleados públicos.
El jefe del Consell, no obstante, puso énfasis en la necesidad de «preservar la cohesión» del gobierno, un mensaje hacia los socios, sobre todo, al pedir una «posición unánime» y un «acuerdo estable» sobre financiación.
Puig se esforzó asimismo en quitar trascendencia a los ajustes del presupuesto. Son 400 millones sobre un total de 22.000. «Ningún drama», dijo. «El Consell y su presidente garantizan los derechos sociales de los valencianos. No va a haber ningún recorte en estos», sentenció. Afectarán a partidas de difícil ejecución o trasladables a 2020.
En este contexto, Compromís bajó ayer su tono frente a Puig. En los hechos, evitó apoyar a PP y Cs en su petición de comparecencia de Puig en las Corts sobre la financiación. En las palabras, Oltra, que a primera hora pedía «coherencia» al PSPV, calificaba después la reunión con Montero de «buen camino» para «apretar» al Gobierno.
