Todos los desahucios son diferentes. Hay casos y casos, y el de la familia de Salem y Raquel clama al cielo. Estafados por una mafia, la pareja creía que había encontrado, por fin, un alquiler barato (200 euros) en un tercer piso con ascensor en el barrio de Orriols. Fue en verano de 2018. A los dos meses llegó la primera orden de desahucio, fechada para octubre. El día D, en la puerta del patio esperaba la pareja, las dos niñas que tienen (de 3 y 5 años) y un vecino del barrio (Arturo Peiró) que explicó la imposibilidad de realizar desahucio alguno con la presencia de dos menores en la vivienda. Así se consiguió el primer aplazamiento.

Diez meses después, la misma imagen se sucedía. Sin embargo, junto a la pareja y sus dos hijas estaba medio centenar de activistas de distintas asociaciones de distintas partes de València: Entre Barris, Orriols en Bloc, Orriols Convive, PAH Valencia, la AVV de Benimaclet, los Iaio flautas, Espai Veïnal Cabanyal, Iglesia Evangélica, Sillas contra el hambre. Conocían la historia de esta familia y se movilizaron con rapidez. La unión hace la fuerza y la presión vecinal paraliza los desahucios. Aunque sea por algunos meses.

Desde octubre de 2018 hasta ayer, la familia ha tenido cinco fechas de lanzamiento previstas, con sus cinco correspondientes aplazamientos. Una larga agonía para una familia vulnerable que cuenta con todos los requisitos habidos y por haber para disponer de un alquiler o vivienda social. Pero ni la Conselleria de Vivienda ni el Ayuntamiento de València disponen de pisos libres. Ni para esta familia ni para ninguna otra. Y mientras trabajan para ampliar el parque público, las familias agonizan entre órdenes de lanzamiento, notificaciones por teléfono, aplazamientos que perpetúan la agonía, búsqueda de pisos en el mercado libre y lágrimas. Muchas lágrimas. «Si tienes dos niñas pequeñas y te ves en la calle. Nadie se imagina la agonía en la que vivimos», explica Raquel.

Ayer, sin embargo, se obró el milagro. No es habitual que en un proceso de desahucio de un piso propiedad de un banco (y luego de un fondo de inversión, como es el caso) el dueño ceje en el intento de recuperar su propiedad. Sin embargo, el 2 de septiembre el procurador, en representación de la empresa propietaria del piso presentó un escrito en el juzgado tras «recibir instrucciones expresas de mi representada de paralizar el lanzamiento y solicitar la suspensión del mencionado señalamiento».

Tras una vivienda social

Así, por primera vez desde hace casi un año, Raquel y Salem respiran un poco más tranquilos, aunque son sabedores de que allí no se pueden quedar de forma eterna y de que, en cualquier momento, podría volver a iniciarse el expediente. Por eso, añaden, ahora «intentaremos negociar con el banco o quien sea dueño del inmueble un alquiler social, que es lo que nosotros queremos para legalizar la situación, además de ver cuándo nos podrían adjudicar una vivienda cuando haya disponibles. Somos pobres pero honrados».

La familia vive con los 800 euros que cobra Raquel, como auxiliar de cocina. Sin embargo, su contrato se acaba en unos meses y su puesto de trabajo «nunca ha sido con contrato indefinido», así que la mujer teme verse sin trabajo en breve. «Necesitamos un hogar que podamos pagar».