La vicepresidenta Mónica Oltra reconoció ayer que hay «diferentes miradas» sobre cómo abordar la delicada situación de caja del Consell por el bloqueo de los ingresos a cuenta del sistema de financiación autonómica y el derribo en el Congreso de los Diputados de los Presupuestos del Estado de 2019. Esta crisis que ahoga las cuentas autonómicas impide el envío de los anticipos de la financiación y el IVA atrasado, por lo que el Consell no ingresará 730 millones previstos.
«Ante un problema cuyo diagnóstico compartimos, hay diferentes miradas sobre cómo abordarlo. Una de ellas es reivindicar ante el Gobierno de España que garantice la suficiencia financiera de las comunidades, y que transfiera lo más pronto posible esos 730 millones», dijo la portavoz del Consell y líder de Compromís.
El bloqueo de los ingresos ha llevado a la Conselleria de Hacienda a preparar un plan de contención del gasto (los «recortes», dijo Oltra, es lo que el PP hacía antes) por valor de 438 millones, sobre cuya aplicación PSPV y Compromís discrepan.
El conseller Vicent Soler anunció que la intención era que el plan fuera al pleno de ayer y, por eso, las reuniones que mantuvo con el president y los vicepresidentes esta semana. Sin embargo, Compromís se ha negado. La primera condición fue que el Consell como tal planteara una serie de reivindicaciones ante Madrid. Tras responder el el jefe del ejecutivo con el anuncio de una reunión con la ministra de Hacienda, la coalición socia prefiere esperar al resultado de esta, prevista para el próximo martes.
Oltra apeló ayer al «paso a paso» para explicar por qué el pleno del Consell no aprobó ayer los ajustes. Primero, la reunión con María Jesús Montero, porque podría ser fructífera y despejar las opciones de meter la tijera. Al menos, por ahora. La vicepresidenta incluso ironizó con la posibilidad de que Montero no solo abone lo que el Estado adeuda, sino que podría llegar «un superabono de 500 millones por maltrato financiero».
Nos obstante, Soler y Puig ya han dejado claro que ajustes deberá haber aunque el Gobierno de Pedro Sánchez pague las entregas a cuenta. Se debe a que hay partidas (como la de dependencia) ligadas al presupuesto tumbado del Estado.
Según el resultado del encuentro (que se produce a iniciativa de Puig, como incidió Oltra) se valorará qué medida aplicar para paliar la falta de recursos. Entonces, «cuando la propuesta esté madura, se aprobará», dijo Oltra, sin concretar si será en el próximo pleno o a lo largo de las semanas siguientes. Eso sí, con el 23 de este mes marcado en rojo.
El escenario es complicado ante la inestabilidad política en Madrid. Si la incertidumbre se consolida (una convocatoria de elecciones generales para el 10 de noviembre supondría la ausencia de Gobierno estable hasta posiblemente la próxima primavera), el departamento de Soler contempla medidas como el cierre con antelación del presupuesto autonómico. Cataluña ya ha adoptado en agosto esta decisión, que en el pasado también tomaron gobiernos valencianos del PP ante la exigencia de contener el gasto.
La prórroga de las cuentas valencianas de 2019 a 2020 a la espera de que el Estado tenga un presupuesto nuevo es otra opción que manejan los responsables de Hacienda.
De momento, todo está a expensas del resultado de la reunión del próximo martes de Puig con la ministra Montero. Esta no está libre de presión, ya que algunas comunidades autónomas del PP observan un trato preferente a la Comunitat Valenciana y ello puede dificultar la aportación de soluciones. En el departamento estatal de Hacienda aseguran que las están «buscando».
Medidas alternativas
La visita de Puig da a entender que el ministerio podrá ofrecer algo con lo que contentar a los gobiernos de las comunidades, asfixiados por el bloqueo de las entregas a cuenta del sistema de financiación. En el Consell dan por hecho que Puig no volverá con las manos vacías.
En el Consell deslizan dos posibles medidas paliativas. Por un lado, préstamos a interés cero. La otra opción es que la liquidación no la ejecute el gobierno (como recomendó la Abogacía) sino que el Congreso la apruebe a través de una proposición de ley.
La presión de la ministra Montero será doble. Tendrá que rendir cuentas con las comunidades, pero también notará la presión en el Senado. Compromís ha pedido la comparecencia de la ministra para que responda sobre la liquidación de los anticipos y las posibles soluciones ante la asfixia económica.
Impagos en centros de menores
La insuficiencia financiera de la Generalitat se ha materializado en impagos a las asociaciones que gestionan los centros de día de menores. Oltra pidió disculpas a las entidades y personas afectadas por la situación financiera de la Administración que tiene su origen en la «infrafinanciación» y en la falta de transferencias, y afirmó que el Consell espera solucionar los pagos que se les adeudan «lo antes posible».
La conselleria está trabajando para intentar solucionar el problema de estos centros. Según explicó, en Alicante y en Castellón están contabilizadas ya las subvenciones y Hacienda está haciendo «todo lo posible» para hacer el pago. Mientras, en Valencia se está pendiente de contabilizar la deuda con Intervención.
