Entre las disfunciones y problemas que la Fiscalía de València le ha hecho llegar en su informe anual a la máxima responsable del ministerio público, la fiscal general del Estado María José Segarra, hay varios que revisten especial gravedad en lo que atención a las víctimas de los delitos se refiere.
Así, la fiscal delegada de esa especialidad incide en «las quejas de padres de menores por las preguntas efectuadas en juicios orales sobre la vida privada de las mismas en temas de agresiones sexuales a menores, la existencia de magistrados reacios a adoptar medidas de protección en el juicio oral y la escasa remisión a la oficina de atención de València de las víctimas por parte de los juzgados», muchas veces, dice, por desconocimiento.
La fiscalía valenciana detalla que algunos jueces de lo Penal «se niegan» a que las víctimas, incluso las que presentan «altos niveles de ansiedad o temor», reciban el acompañamiento que solicitan para que alguien -habitualmente un técnico de la oficina de atención- esté a su lado durante la celebración del juicio.
