Ingreso en prisión, aunque sea con una pena mínima y sin sentencia firme, para que los políticos condenados o investigados por delitos de corrupción asuman que «su conducta delictiva supuso un grave quebranto de los principios y valores democráticos de la convivencia». El objetivo es «neutralizar comportamientos que merman, o incluso anulan, la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas».
Esta es la petición que la Fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha trasladado a los fiscales territoriales para que se opongan a la suspensión del ingreso en prisión, aun cuando los condenados devuelvan el dinero o la pena sea inferior a dos años de cárcel. La sugerencia, recogida en la memoria anual que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó este lunes durante la apertura del año judicial, busca romper esa «sensación de impunidad de quien ejerce de modo desviado el poder que le ha sido conferido por los ciudadanos».
No es la primera vez que los fiscales Anticorrupción cargan contra el «benigno tratamiento penitenciario que en ocasiones se dispensa a los autores de los delitos de corrupción», una circunstancia que puede contribuir a «cierta percepción ciudadana de que la respuesta de los órganos judiciales ante la corrupción resulta insuficiente». El ministerio público defiende que la medida se fundamenta en «el desvalor y gravedad de las conductas, las circunstancias personales de los autores de estos delitos, la existencia de otros procedimientos penales pendientes y la necesidad de primar la finalidad de prevención general de la pena sobre la resocializadora».
Como prevención general
Oponerse a la suspensión de la pena de prisión, por mínima que sea, supone una «función de prevención general», que está dirigida a que «todos aquellos que decidan dedicarse al servicio público, interioricen la necesidad de ajustar su actuación a criterios de ética política y, desde luego, a la estricta legalidad».
En estos casos, puntualiza Anticorrupción, «la pena cumple así su función de servir de freno a posibles conductas futuras, lo que sólo podrá conseguirse mediante el cumplimiento efectivo de las penas de prisión, huyendo en definitiva de pronunciamientos meramente formales». Unos pronunciamientos que, a juicio del ministerio público, equivalen «en la práctica y a los ojos de los ciudadanos a una cuasi impunidad material (de políticos y poderosos)». De este modo, razonan desde Anticorrupción, «quienes sucumben a las facilidades y ventajas que proporciona el ejercicio del poder y hacen un uso torticero del mismo», percibirán que su conducta lleva «aparejado el efectivo y real cumplimiento de las penas».
Respecto a los arrepentimientos de políticos condenados o investigados por corrupción que buscan atenuar su pena, la Fiscalía exigirá que manifieste «un sincero arrepentimiento por los hechos materializado tanto en un reconocimiento público y expreso de su responsabilidad, en la colaboración activa con investigaciones pendientes o en el abono de la totalidad o de una significativa parte de sus responsabilidades civiles».
La Fiscalía de València ya ha empezado a aplicar este criterio en causas relacionadas con la corrupción. Tras la sentencia del caso Emarsa, que imponía noventa y siete años de cárcel para los 24 condenados por el saqueo de la depuradora de Pinedo, la Fiscalía pidió el ingreso provisional en prisión para seis de ellos. No obstante, al tratarse de una decisión discrecional del tribunal, la sección primera de la Audiencia se inclinó por mantener a los penados en libertad provisional hasta que la resolución sea ratificada.
Además, la Fiscalía también solicitó el ingreso provisional en prisión del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, una decisión controvertida por su enfermedad. En este caso, el ministerio público y el juzgado se opusieron a la libertad provisional hasta que recuperaron parte del botín.
