11 de septiembre de 2019
11.09.2019
Inmuebles

La lista de espera para una vivienda social ya alcanza las 14.000 familias valencianas

La Conselleria de Vivienda trabaja en la ampliación del parque público ante la falta de pisos disponibles

11.09.2019 | 11:48
Protesta por los desahucios y la falta de vivienda social

Catorce mil personas han solicitado una vivienda social. Sin embargo, no hay pisos disponibles en el parque público de vivienda. Los inscritos solicitan, en unos casos, la asignación de una vivienda pública en arrendamiento y, en otros muchos casos, se trata de ciudadanos, familias o unidades de convivencia que al no poder acceder por sus propios medios a una vivienda adecuada, digna y asequible solicitan la ayuda de la administración.

La nueva legislatura arranca con una importante apuesta en la materia por parte del Gobierno Valenciano y del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ante la situación crítica de miles de familias.

La Generalitat Valenciana dispone de un parque de viviendas públicas destinadas a familias en riesgo de exclusión social y también de un parque de viviendas propiedad de la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha) para facilitar el acceso a aquellas personas que no pueden acceder en condiciones normales a una vivienda del mercado libre, pero que no se encuentran en situaciones tan precarias como los residentes de viviendas sociales.

La Conselleria gestiona en la Comunitat, a través de EVha un número aproximado de 14.000 viviendas a precio por debajo de mercado, de las cuales 12.676 viviendas del parque público de la Generalitat (denominadas viviendas sociales). De ellas, 6.781 están en alquiler social) y 1.367 viviendas propiedad o adscritas a EVha (1.071 están en alquiler asequible).

Fuentes de la Conselleria de Vivienda afirman que el volumen de inmuebles del parque público se ha ido manteniendo en los últimos años "y se trabaja para aumentar el número de viviendas a través de varias fórmulas".

Una de ellas es la reactivación de obras de vivienda protegida que fueron paralizadas en varios municipios por gobiernos anteriores por falta de planificación y financiación. Desde EVha se aprobó iniciar los procedimientos para reanudar las obras de ocho edificios de viviendas, con una inversión de 6,3 millones de euros, y así poder ampliar el parque de vivienda protegida de alquiler asequible en 111 viviendas más. Seis de ellos son de València ciudad, otro en Aspe y otro en Castelló.

"Por ejemplo, ya están en marcha las obras de terminación de un edificio de 42 viviendas protegidas en Aspe y cuyo coste asciende a 2,5 millones de euros. También están en ejecución las obras del edificio de la calle Tejedores 18 de València. Un inmueble cuyas obras acabaron en 2011, pero que los sucesivos actos vandálicos y ocupaciones ilegales sucedidas en los últimos años lo dejaron en un estado lamentable. Ahora, gracias a una inversión de 180.000 euros, se trabaja en su reparación para ponerla a disposición de los ciudadanos", añaden las mismas fuentes.

Y añaden: "A ello hay que sumarle el compromiso alcanzado con el Ministerio de Fomento para que colabore en la financiación para terminar de construir un edificio de 184 viviendas en el barrio de La Torre de València, que se dejó inacabado hace ya una década".

Otra de las fórmulas en las que trabaja la Conselleria de Vivienda es el concurso para la adquisición de viviendas en municipios de la Comunitat Valenciana y así poder incorporarlas al parque público de la Generalitat y destinarlas a alquiler social y asequible. El concurso se encuentra en su fase final y se espera que a finales de septiembre se proceda a la formalización del contrato de compraventa de las viviendas que finalmente se puedan acoger a este plan, previa comprobación de la documentación. Además, ya se está preparando un concurso similar que se convocará en el último trimestre de 2019.

Por otra parte, la anterior Conselleria de Vivienda firmó un convenio de colaboración con CriteriaCaixa para la cesión de varios centenares de viviendas propiedad de la entidad para destinarlas a alquiler social. El convenio impulsado por la Generalitat establece que CriteriaCaixa cederá en usufructo a EVha viviendas repartidas por toda la Comunitat, recibiendo en contraprestación un precio fijo mensual por cada una de ellas adaptado a las circunstancias del inmueble. Posteriormente, EVha arrendará estas viviendas a particulares con precios asequibles, por un máximo de 180 euros mensuales, más gastos, en función de los ingresos del arrendatario.

"CriteriaCaixa también podrá ceder viviendas en las que actualmente residan personas que se encuentren en los siguientes supuestos: antiguos deudores hipotecarios en proceso de desahucio; personas con impagos de alquiler o les haya expirado el contrato; ocupaciones en precario o ilegales; otras situaciones similares. En estos casos, EVha pagará 75 euros mensuales por vivienda e intentará regularizar la situación de esas personas mediante la transformación de un alquiler social, que se adapte a su situación socioeconómica, evitando así un potencial lanzamiento judicial", apuntan fuentes de la Conselleria de Vivienda.

Por otra parte, a finales de julio, el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, se reunió con el presidente ejecutivo de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb), Jaime Echegoyen para crear mecanismos de colaboración de cara a ampliar el parque público valenciano de viviendas y que se detallarán más adelante.

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