Unides Podem quiere poner coto a la fuga de empresas entre comunidades para buscar las mejores condiciones fiscales. El diputado Ferran Martínez presentó ayer una proposición no de ley en las Corts para que se cree una comisión que responda ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) relativa a los tributos cedidos a las comunidades autónomas para poder limitar la aplicación de deducciones y bonificaciones y establecer unos niveles mínimos y evitar así el conocido como «dumping fiscal».
Además, reclama instar al Gobierno central reformar las leyes del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones, y sobre el Patrimonio para actualizar la normativa y establecer unos niveles mínimos de tributación comunes a todas las autonomías.
Ferran Martínez lamentó que la Comunidad de Madrid «se ha convertido en un paraíso fiscal interno que trata de absorber recursos del resto de comunidades autónomas» bajo el gobierno del PP. El Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso «pretende seguir subvencionando a las grandes fortunas a costa de desmantelar nuestro sistema fiscal», señaló el diputado.
«Parece que el modelo del PP consiste en hacer un trato discriminatorio entre territorios dañando la igualdad entre los españoles» criticó, censurando que tanto los populares como Ciudadanos y Vox traten de volver «al sistema autonómico en contra de sí mismo, haciendo un uso indebido de sus competencias en materia fiscal».
En este sentido, valoró el trabajo de la Administración valenciana, porque la Generalitat trabaja «para revertir recortes y privatizaciones y apuesta por una fiscalidad más justa y limpia», otras comunidades, como el caso de Madrid, «encubre la corrupción, privatiza lo público y practica una competencia fiscal desleal al resto de comunidades autónomas».
Martínez reconoció que aunque las autonomías tienen capacidad normativa para regular total o parcialmente determinados tributos, como es el caso del de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, esta capacidad «se ha pervertido en determinadas ocasiones», como sucede en Madrid.
Así, advirtió de que la competencia fiscal a la baja entre comunidades contribuye a agrandar los desequilibrios entre territorios, a menguar los ingresos públicos y, además, «hace peligrar el Estado del Bienestar».
Además, existe el agravante de que la situación de económica de la Comunitat Valenciana está lastrada por la infrafinanciación y la deuda, por lo que «no puede permitirse este tipo de competencia desleal». «Es necesario que la Generalitat reclame que se ponga freno a este tipo de prácticas que dañan nuestro sistema fiscal y, por tanto, nuestra capacidad para sostener nuestro sistema de bienestar», señaló el diputado.
