El conseller de Hacienda, Vicent Soler, habló de «milagro» cuando presentó los presupuestos de la Generalitat de 2019, unas cuentas públicas expansivas diseñadas en un contexto electoral y al calor de un Gobierno amigo en Madrid y de unas previsiones de incremento de la recaudación vinculada al sector del ladrillo. A cuatro meses del cierre del ejercicio, haría falta otro milagro para salvar a la Generalitat de la asfixia financiera en la que se encuentra. Tanto que nadie en el departamento de Hacienda lo espera. De hecho, el Consell se prepara ya para un final de ejercicio con problemas para pagar a los proveedores y con una liquidación presupuestaria que disparará el déficit. El propio titular de Hacienda vino ayer en las Corts a asumir las complicaciones de la tesorería y la existencia de ingresos suficientes para afrontar los gastos ya comprometidos y que han crecido un 7% en los primeros meses del ejercicio.

La consecuencia será que la Generalitat no sólo no podrá cumplir con ciertas exigencias de la ley de estabilidad, sino que, además, empeorará toda una serie de indicadores, echando por tierra, al menos de momento, todo el esfuerzo hecho estos años. Así, el último dato del periodo medio de pago (PMP) relativo a junio sitúa en 53 días el tiempo que la Generalitat tarda en pagar a sus proveedores. Soler admitió ayer que el «estrés» en la tesorería empeorará este indicador. La falta de liquidez de la caja se vería suplida si el ministerio liberara los 450 millones de la actualización de las entregas a cuenta. Sin embargo, el conseller no pudo precisar cuándo llegará este dinero máxime después de que desde el departamento que dirige Maria Jesús Montero negara la intención de dar un trato preferente a la Comunitat Valenciana para transferir los recursos.

Soler atendió a los periodistas cuando todavía coleaba el malentendido del día anterior que llevó a Soler a dar por hecho que el ministerio iba a atender a la Comunitat Valenciana antes que a otras dada su crítica situación y mandar el dinero en octubre o noviembre. Soler, sin embargo, evitó polemizar con el ministerio y negó descoordinación con Madrid. Así asumió como un error personal el haber dado por hecho una información de una agencia de noticias sin previamente contrastarla. En su cierre de filas con la ministra, Soler alabó su esfuerzo por arreglar el problema financiero de las comunidades y mantuvo que Montero está atada de pies y manos por la ley de estabilidad: «Más, no puede hacer», dijo.

El conseller admitió que el retraso de las entregas a cuenta ha puesto a la tesorería al límite y dijo confiar en poder aliviar la situación gracias al FLA extraordinario de 250 millones pendiente. Hacienda confía ahora en que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez abra el grifo del FLA cuánto antes, si bien, tal como reconoció Soler, para ello será necesario que el Ejecutivo apruebe el recorte a las cuentas de 2019.

La situación es endiablada porque el FLA sólo se liberará si el Consell incluye en el plan de ajuste el tijeretazo a las cuentas, una medida contra las que Compromís, socio de Gobierno, se ha rebelado, y que ha abierto una brecha dentro del Ejecutivo. En principio, el Consell ha logrado una prórroga para presentar en Madrid este plan económico financiero, un tiempo en el que intenta vencer las resistencias de sus socios. Le urge hacerlo porque en caso contrario, el FLA quedará bloqueado.

Soler insistió en que el recorte debe hacerse al margen de si llega el FLA o las entregas a cuenta. Explicó que estas medidas de contención del gasto son consecuencia de una previsión de ingresos fallida, principalmente, por la no aprobación de los presupuestos generales del Estado, pero también por la desactivación del mercado inmobiliario. Cifró en mil millones el agujero y no descartó tener que tomar medidas más drásticas como el cierre anticipado del presupuesto. En todo caso, asumió que el déficit se disparará y quedará muy lejos del objetivo del 0,1%.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, subrayó ayer que exigirá a la ministra de Hacienda que se dé una solución a las entregas a cuenta y propuso que esta acción no esté vinculada al Gobierno de España, sino que «podría estar residenciada en la Agencia Tributaria», que debería ser federal y con presencia de las comunidades autónomas.

El jefe del Consell, que tiene previsto verse con la ministra en los próximos días, mantuvo que el Gobierno tiene asumida la infrafinanciación valenciana, pero «hay que tomar decisiones para resolverlo» pese a la inestabilidad política en España.