14 de septiembre de 2019
14.09.2019
Tribunales

El jefe de Engloba devuelve el dinero de los "zombis" de Imelsa sin admitir los hechos

Vedri entrega al juzgado el dinero de las nóminas de dos de sus empleados que se abonaban con fondos de la Diputación de València

13.09.2019 | 23:53
Jose Adolfo Vedri, de Engloba, acude a la sede de su empresa tras ser detenido en Taula.

Uno de los principales investigados en las diligencias derivadas de la Operación Taula, José Adolfo Vedri, propietario del grupo de comunicación Engloba, ha devuelto el dinero de las nóminas de dos de sus trabajadores que estuvieron contratados en Imelsa (ahora Divalterra), empresa pública de la Diputación de Valencia.

Según confirmaron al periódico Levante-EMV fuentes próximas a la investigación, Vedri ha consignado en el juzgado que investiga el caso una cantidad que oscila entre los 30.000 y 40.000 euros, que corresponde al salario público que percibieron estos dos empleados que en realidad trabajaban para el grupo Engloba. No obstante, pese a la devolución del dinero, el empresario sigue sin reconocer los hechos por los que figura como investigado, precisaron fuentes de su defensa.

La investigación judicial afloró que los dos empleados de Engloba fueron contratados en la empresa pública de la Diputación de València por la amistad personal entre el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y José Adolfo Vedri.

Benavent, autodenominado el yonqui del dinero, confesó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que contrató a ambos trabajadores porque «el empresario estaba pasándolo mal y los necesitaba para que trabajasen en Engloba».

Los dos empleados estuvieron en nómina de Imelsa desde el 1 de diciembre de 2009 hasta el 30 de abril de 2010, con sueldos de 2.676,66 euros y 2.926,66 mensuales, aunque su trabajo real lo realizaban para La Gráfica Integral, del grupo Engloba.

Los dos trabajadores ya reconocieron ante la Guardia Civil que no tenían funciones específicas en Imelsa. Uno de esos trabajadores, conocidos como zombis, es Salvador Tormo, quien ocupó una plaza reservada para personas con discapacidad en Imelsa.

Según la UCO, «su nombre aparece en diversos correos electrónicos» de María Escrihuela, responsable de Recursos Humanos en Imelsa e imputada; Rosana Herrero, delegada sindical del CSI·F y secretaria del comité de empresa; y Rafael Navarro, del departamento de RR HH y exdelegado del CSI·F. Para la Guardia Civil, «estos correos sirven para evidenciar, al igual que los casos anteriores, la contratación de Salvador Tormo por parte de Imelsa. Se ve en los mismos, por ejemplo, que Salvador aparece en un listado de trabajadores de Imelsa en diciembre de 2009 agrupado en administración, recibiendo para ese mes, paga extra aparte, una percepción económica de 2.676 euros», que se pagaban con fondos públicos.

Además, su nombre aparece también en un listado de trabajadores con discapacidad de Imelsa. En los correos electrónicos intervenidos, el personal de la empresa pública aborda el número de personas con discapacidad contratados en Imelsa. La legislación obliga a las administraciones a incluir una cuota en convocatorias públicas ante los problemas que tiene este colectivo para encontrar trabajo en una empresa privada.

Estos hechos se investigan en una pieza separada del caso Taula. La instrucción ha finalizado y los imputados están a la espera de que el juzgado dicte auto de procesamiento. Figuran como investigados por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental más de 20 personas, entre las que se encuentran el expresidente de la diputación Alfonso Rus y su jefe de gabinete, Emilio Llopis, exalcalde de Genovés.

Además de los dos empleados de Engloba, Imelsa también pagaba la nómina de un jugador del Olímpic de Xàtiva, el club de fútbol que presidía Rus.

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