El despilfarro o una inadecuada gestión de los recursos económicos no son por sí mismos constitutivos de un delito. El despilfarro responde a una administración deficitaria, desleal, que genera un grave perjuicio económico. Pero una desastrosa gestión pública sigue sin estar penada en España.
Esta es la lección que nos deja (otra vez) un caso de corrupción pública, en esta ocasión el del agujero de más de 1.300 millones de euros en Radiotelevisió Valenciana (RTVV). De todos los contratos analizados y el déficit generado, solo uno ha motivado el procesamiento de su exdirector general, el periodista José López Jaraba.
La condonación de parte de la deuda que la productora de José Luis Moreno contrajo con Canal 9 es la mirilla por la que se asomarán las acusaciones para que la gestión que precedió el fundido a negro llegue a juicio. Esta semana la Generalitat, CGT y Compromís han pedido penas que oscilan entre los siete y ocho año de prisión. Mientras, desde la Fiscalía explican que el asunto está «en estudio y no está aún nada decidido».
De los 1.300 millones de euros denunciados, solo el 0,13% del total podría ser juzgado. Esta cifra no incluye el contrato de la visita del Papa que la cadena pública adjudicó a Gürtel, pues se juzgará por separado en marzo de 2020.
En Canal 9 se pagaban favores por programas. Son muchas las contrataciones sospechosas, pero no hay indicios de enriquecimientos injustificados. López Jaraba solo ha sido acusado formalmente porque como director general, en el ámbito de un crisis financiera, firmó un contrato cancelando la deuda de 1,7 millones generada por Planta 25, una serie de la factoría de José Luis Moreno.
A cambio, según el juez, el productor entregó un programa que ya había producido para otras cadenas, De un tiempo a esta parte, a razón de 40 emisiones. La pericial valoró el formato, de entrevistas y actuaciones, en 400.000 euros, cantidad muy lejana a los 1,7 millones de deuda.
La contratación se llevó a cabo pese a no ajustarse a la normativa interna de Canal 9. Pero López Jaraba aseguró en su declaración ante el juez que «Canal 9 tenía unas leyes que permitían este tipo de compensaciones». El juez no le creyó, pues no se comprobó el gasto real del presupuesto, ni se estimaron los posibles ingresos de publicidad derivados de su emisión en función de la audiencia. Canal 9 canceló la deuda de Moreno en 2010 y en septiembre de 2011 aún no se habían emitido. Nadie reclamó nada y el productor no está acusado.
A distinta conclusión, sin embargo, se llega respecto del resto de contrataciones denunciadas. A diferencia del caso anterior, el juzgado ha concluido que no se vislumbra, de las diligencias practicadas, una distracción o desvío de fondos, sin perjuicio «de la gestión deficitaria», puntualiza el juez, de los medios públicos valencianos.
Uno de los contratos excluidos es el firmado con la productora Triskel SL, vinculada a Fernando Quintela, exdirector de Antena de RTVV. Se pagaron 700.000 euros por tres documentales con informaciones sobre Alfredo Pérez Rubalcaba, el exjuez Baltasar Garzón y los GAL.
Queda también fuera del caso los suscritos con clubes de fútbol valencianos, por los que RTVV pagó hasta ocho millones de euros en seis años por sus mascotas. Groguet, el submarino del Villarreal, era la más cotizada, cobró 5,3 millones. Tampoco llegarán a juicio los contratos de los asesores de López Jaraba o la negociación del ERE, que el TSJ declaró ilegal.
CGT, la acusación más combativa, ha presentado un recurso para que estos contratos no queden impunes. La Audiencia de València revisará las diligencias por si los precios pactados por RTVV excedieran a los de mercado.
