Una gran bandera de España preside la entrada al depósito judicial de Murcia, una instalación de 20.000 metros cuadrados ubicada en un polígono industrial próximo a la capital de la Región que acoge bienes valorados en más 15 millones procedentes de incautaciones a presuntos narcotraficantes, defraudadores y estafadores de operaciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil instruidas por juzgados de todo el país, así como por la la Audiencia Nacional y la Agencia Tributaria.
A su frente se encuentra Rogelio Pujalte, un capitán de barco que comenzó su andadura como depositario judicial en Mazarrón haciéndose cargo de media docena de coches y quien hoy, a punto de ampliar su negocio con otros 60.000 metros, es responsable de la guardia y custodia de un tesoro: más de un millar de automóviles, gran parte de ellos de alta gama, cerca de 300 embarcaciones, medio centenar de camiones y motocicletas de todas las cilindradas. ¿El negocio? Los diez euros diarios por coche y los treinta por tráiler y lanchas que cuesta la estancia y de cuyo pago se hace cargo el erario público al estar privatizado este servicio.
Allí, como si de un concesionario multimarca se tratara, pero encaramados en estanterías, comparten espacio diferentes modelos de Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes, Jaguar, Audi, Volkswagen... Lo mejor de cada casa y algunos de ellos con apenas unas decenas de kilómetros de uso pero con el valor venal acorde a una matrícula de, en muchos casos, más de una decena de años.
Y eso sólo en la parte cubierta de la instalación, una gran nave en la que, junto a los coches y las motos, se amontona una ingente cantidad de material procedente del desmantelamiento de plantaciones de marihuana y miles de copias de calzado y prendas de vestir condenadas a su destrucción para evitar que vuelvan a entrar en el flujo del mercado. No es así en el caso de los vehículos, con una segunda vida asegurada y dependiente del juez que sentencie el proceso y de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). Un organismo vinculado al Ministerio de Justicia con competencia en procedimientos penales de organizaciones criminales (que abarca un amplio catálogo de delitos graves) creado en 2015 para ayudar a juzgados y fiscalías en la localización, recuperación y gestión de los bienes incautados a los delincuentes.
Entre sus funciones, que incluyen la conservación y la destrucción de estos efectos según se trate de bienes lícitos o ilícitos (droga), se encuentra la de la «realización», lo que se traduce en el uso y/o la venta mediante subasta de lo incautado.
Una operación, la de la venta, que rara vez se autoriza antes de que concluya el proceso (hasta que no hay sentencia firme) pero que, apunta Pujalte, evitaría la devaluación del valor por el paso del tiempo en macrocausas cuya conclusión suele demorarse años. «Se podía vender y consignar el dinero que, en caso de absolución, se le devolvería al propietario», apunta como una solución que desde la ORGA no ven de fácil aplicación.
La lancha del narco Miñanco
Cuestión diferente es el uso. Gran parte de los vehículos camuflados que utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado proceden de estos depósitos como también ocurre con planeadoras localizadas a narcotraficantes que en muchas ocasiones pasan de transportar fardos a prestar un servicio público.
Tal es el caso de la lancha incautada al clan del narco gallego Sito Miñanco que recientemente ha pasado a manos de los militares del Mando de Operaciones Especiales de Rabasa, a quien se la ha adjudicado la ORGA, que atesora como una de sus principales ventajas el poder actuar de forma anticipada en fase de instrucción sin tener que esperar a que el proceso haya finalizado.
Eso siempre que vehículo decomisado sea sostenible para la Administración, que no siempre lo es. Como una planeadora procedente de una operación de narcotráfico llevada a cabo en Galicia y «atracada» ahora en el depósito de Murcia que son sus siete motores fueraborda y una potencia de 2.100 cv no resulta operativa para las fuerzas públicas por la elevada cantidad de combustible que precisa.
Entre los principales de España junto al ubicado en Cheste (el único de la Comunitat) y al de Algeciras, el depósito de Murcia, con quince empleados en plantilla, invierte cada año cerca de 100.000 euros en seguros. Eso al margen de las medidas de seguridad que le permiten garantizar que los bienes van a estar a disposición del juzgado que los incautó cuando sean requeridos. «No sería la primera vez que sus propietarios intentan recuperar ya no un vehículo, sino la mercancía que ellos saben que lleva oculta en el doble fondo y de la que tienen conocimiento que no toda ha sido aprehendida por los agentes», apunta Pujalte, quien recuerda el asalto a un depósito andaluz de un grupo de narcos para recuperar la planeadora que les habían decomisado.
Pero no todo son tesoros en las instalaciones de Pujalte. A lado de lanchas semirígidas de dimensiones escandalosas y de coquetos yates de recreo cuyos propietarios decidieron un día pasarse al lado oscuro se amontonan cerca de un centenar de pateras condenadas al desguace, al igual que el material que un día hizo crecer plantaciones y plantaciones de maría y que hoy, sin valor alguno, llena varios contenedores.
