La matriculas universitarias gratuitas o la ampliación de las becas fueron algunas de las propuestas electorales más sonoras en la campaña, pero los programas electorales de la izquierda contenían otras, ya iniciadas la pasada legislatura, cuyo cumplimiento también está amenazado ante la agonía de las cuentas públicas. Una de ellas tiene que ver con el parque público de viviendas y con las propuestas para poner en el mercado viviendas para jóvenes o personas mayores. El programa socialista ofrecía dos mil viviendas para jóvenes y otra mil para compartir entre universitarios. Además, se comprometía a construir o rehabilitar medio millar más, mientras Compromís prometía reservar porcentajes para viviendas de protección oficial en las próximas construcciones. Podem, por su parte, incluyó numerosas iniciativas para impulsar las viviendas sociales con reserva para personas con diversidad funcional y mujeres. La realidad del actual parque público de viviendas, sin embargo, choca con estos ambiciosos programas electorales. En 2018, la iniaciativa de comprar viviendas sin ocupar para rehabilitarlas y ofrecerlas en alquiler social está aún en proceso de ejecución y sólo activará 85 viviendas. También el panorama financiero que se avecina complica los planes y promesas de los partidos políticos de continuar con el proceso de reversión de los servicios públicos. En materia sanitaria, tras rescatar el hospital de la Ribera, está por ver que pasa con el hospital de Dénia, una operación que ha quedado ralentizada. Por su parte, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sigue con su propuesta de revertir al sistema público toda suerte de centros sociales aún en manos del sector privado. Está también en el programa de Compromís. Se trata de iniciativas que implican recursos públicos e informes de viabilidad económica.
