Los posibles recortes que el Consell se ve obligado a acometer en el presupuesto de la Generalitat de 2019 para poder llegar a final de año siguen en el centro de la escena política valenciana. Y parece que ahí van a continuar mientras persista la insuficiencia financiera de la Generalitat.
La necesidad de meter la tijera en el presupuesto, admitida por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ante el bloqueo de recursos por la inestabilidad política en Madrid ha generado un debate interno entre los grupos que sustentan al Consell del Botànic, donde Compromís se resiste a aceptarlos, y también ha servido a la oposición (PP y Cs) para poner en tela de juicio la gestión del Ejecutivo valenciano, que proyectó unos presupuestos para 2019 que se han dado de bruces con la realidad de la falta de recursos.
Los presupuestos se prepararon en octubre de 2018 con el viento a favor, en medio del acuerdo en Madrid entre PSOE y Podemos, que pactaron las nuevas cuentas del Estado. Pero el Congreso las tumbó después, lo que llevó al adelanto electoral y, de momento, a la imposibilidad de formar Gobierno, lo que impide a su vez que los recursos derivados de la financiación lleguen en tiempo y forma, algo que ya ha provocado dificultades en los pagos que tiene concertados la Generalitat.
Pero conviene poner en perspectiva la magnitud de los ajustes que el Consell del Botànic tiene previsto acometer. El conseller de Hacienda admite que la cifra que se baraja es de 438 millones de euros, que aún no está decidido de qué consellerias van a salir.
Pero lo que sí que se conoce, porque ya es historia financiera de la Generalitat, es la magnitud de los recortes que el PP se vio obligado a realizar durante sus años de gestión. Un repaso a las cifras de política de gasto del presupuesto de los últimos diez años, excluido el capítulo de intereses, para exponer mejor el dinero que la Generalitat ha destinado durante cada ejercicio a financiar sus políticas, arroja que los años de mayores recortes se han producido con gobiernos populares, sobre todo con Alberto Fabra al frente de la presidencia. De hecho, entre 2011 y 2013, la Generalitat se vio obligada a recortar 3.705 millones en gasto neto.
El presupuesto que más ajustes requirió para poder llegar a final de año fue el de 2013, en uno de los peores años tras el estallido de la crisis financiera derivada de la inmobiliaria, que motivó que el Estado tuviera que poner en marcha mecanismos de rescate de las autonomías como el Fondo de Liquides Autonómica (FLA).
En 2013, el Consell tuvo que ajustarse en 1.691 millones como se recoge en el gráfico adjunto. Pero era un ajuste que llovía sobre mojado, porque el año anterior ya se había puesto en marcha uno de 1.261 millones y el inmediatamente anterior, otro de 753. Es decir, en tres presupuestos el tijeretazo superó los 3.700 millones y en los tres se superó con creces la cifra que ahora proyecta el Botànic, que se van a ceñir a proyectos difíciles de ejecutar o a partidas que se pueden retrasar algunos meses.
Según la información del gasto en cada presupuesto en los últimos diez años, la cantidad más elevada es la de 2010 cuando se alcanzaron 17.255 millones. A partir de ahí todos los presupuestos gastaron a la baja hasta que llegó el punto de inflexión en los últimos meses de gestión del PP y a partir de la llegada del Botànic al poder cuando la situación remontó hasta los 16.177 del ejercicio 2018.
A lo largo de 2011 (hasta el 31 de diciembre), el gasto fue de 16.502 millones, un recorte de 753 millones, casi el doble que ahora. El año siguiente el gasto fue de 15.241 millones, lo que supone un nuevo recorte añadido al anterior de 1.261 millones, casi el triple que ahora.
En 2013 el gasto se quedó en 13.550 millones, otro recorte añadido de 1.691 millones, prácticamente 4 veces más que ahora. En el conjunto de aquellos años se multiplicaron por siete los recortes previstos para este ejercicio. Además, en la actualidad, el ajuste se realiza dentro de un contexto alcista, es decir con presupuestos siempre mayores que el año anterior.
Además, en los años de los recortes del PP, se eliminaron derechos sociales que estaban consolidados. Así, se impusieron los copagos farmacéuticos y sociales (que el actual Consell ha eliminado) y se implantó la exclusión sanitaria, es decir la universalidad de la sanidad dejó de ser un derecho de quienes vivían en este territorio, uno de los primeros que el Botànic revertió. Así, en aquellos años dejaron de tener asistencia los inmigrantes sin papeles, salvo en Urgencias, menores y embarazadas.
También se eliminaron derechos en Dependencia. De hecho, se retiró la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales; se suspendió un fondo específico de ayuda para las autonomías y se redujo el nivel mínimo, la partida ordinaria con la que se financian las autonomías, e incluso en algún momento llegó a rebajarse el número de personas que cobraban por la dependencia.
En Educación, las tasas universitarias registraron subidas, cuando ahora se han rebajado un 15% en dos años, según fuentes del Consell. Además, hubo recortes en personal para educación.
