El número de víctimas del depredador sexual de menores detenido a finales de noviembre de 2017 en València es tan grande que la Fiscalía casi se ha quedado sin letras en el abecedario para enumerar caso a caso los hechos supuestamente cometidos con cada uno de los chicos. Veinte es el número de chicos, todos ellos de 16 años, salvo uno que ya había cumplido los 17, a los que el ahora juzgado atacó a través de redes sociales con una frecuencia desenfrenada que se desarrolló a lo largo de más de año y medio, desde abril de 2016 hasta noviembre de 2017, cuando finalmente la policía lo atrapó y puso fin a su desbocada persecución de menores.

El acusado es, además, reincidente, ya que tiene condenas anteriores por pederastia. De hecho, la mayor parte de los hechos por los que se le juzga ahora fueron cometidos cuando aún no había saldado por completos sus cuentas con la Justicia por los delitos anteriores.

La Fiscalía solicita penas astronómicas para el inculpado, que ayer se sentó en el banquillo de los acusados y que van desde los casi 236 años de cárcel a los 169 de libertad vigilada -es decir, una vez que cumpla con los años de prisión, aún deberá pasar unos cuantos bajo estricto control-, pasando por los 235 de alejamiento y prohibición de comunicarse con los jóvenes -obviamente, deberá cumplir las 20 órdenes de alejamiento de manera simultánea y no consecutiva en el tiempo- o los 251 de inhabilitación para desarrollar cualquier trabajo o actividad que implique relacionarse con menores.

Antonio P. M. Q., hoy de 40 años y que tenía entre 37 y 38 cuando cometió los hechos por los que empezó a ser juzgado ayer en la sección segunda de la Audiencia de València, está acusado de acceder a los menores utilizando sus perfiles públicos tanto en Instagram como en Whatsapp.

Una vez que se hacía con sus números de teléfono, y aún a sabiendas de que eran menores, (en algunos casos de manera contrastada, recuerda la Fiscalía, ya que hay mensajes recuperados por la policía en los que él le echa en cara la edad al chico para tratar de rebajar el dinero que le ofrecía a cambio de relaciones sexuales), Antonio P. M. Q. les enviaba supuestamente una multitud de mensajes que tenían un único fin: sexual.

Así, buscaba convencerles para tener encuentros sexuales físicos -logró corromper presuntamente a dos de los menores que accedieron a citarse con él en sitios sin apenas luz- o, como mínimo, para que le enviaran fotos e incluso vídeos de sí mismos masturbándose o de sus genitales, lo que le ha valido incrementar la pena que solicita la acusación pública al agregar el delito de corrupción de menores con la finalidad de producir material pornográfico con menores.

Para vencer su voluntad, les ofrecía pequeñas cantidades de dinero, pero que para los adolescentes suponían un incremento económico y un aumento de su poder adquisitivo, sobre todo, porque muchas de las víctimas eran de familias humildes y con recursos limitados.

De hecho, uno de los chicos llegó a intentar ser corrompido, según la Fiscalía, a cambio de un paquete de tabaco. De todos modos, muchos de los menores no llegaron a enviarle las imágenes que les exigía incluso de manera agresiva, según informó la Policía Nacional tras su detención.

De hecho, la policía habló en su momento de que había al menos 40 víctimas, aunque finalmente solo han podido reunirse evidencias de su supuesta actuación con 20, todos ellos de municipios de l'Horta, salvo dos que residen en otras provincias de fuera de la C. Valenciana.

En la declaración que prestó ayer, en la primera sesión del juicio, el supuesto depredador sexual se limitó a responder, una y otra vez, que no recordaba cualquiera de los hechos y detalles desgranados por la Fiscalía.