No llegaron en patera, ni en avión, ni saltaron la valla de Melilla. Llegaron en un barco, en el Aquarius, emblema de solidaridad valenciana y orgullo de Estado español. El mundo se enteró de su llegada, de su drama en alta mar y aplaudió la valentía de un Gobierno que situó a València en el mapa de la solidaridad y le mostró a Europa sus propias vergüenzas. Pero los focos se apagaron.

El Gobierno ha comenzado ahora a resolver las 317 peticiones de asilo de los 629 migrantes que llegaron en el Aquarius hace poco más de un año. La mitad de ellos pidió protección en España y está a la espera de una resolución definitiva. Las ONG que trabajan con ellos temen «lo peor», sobre todo si se tiene en cuenta que si ya se ha denegado una de las peticiones (la de Mohamed Mustapha Mohamed Ali, 20 años, Chad, tal como publicó ayer Levante-EMV) es posible que el caso se repita. Y eso significa que, una vez recibida la carta, la persona migrante se convierte en irregular, en un simpapeles que debe abandonar el programa en el que esté inmerso (fase de integración) en 15 días para enfrentarse a la desprotección más absoluta. A la máxima vulnerabilidad. Como Mohamed. «Un sinsentido», recalcan las ONG.

Por ello, las entidades sociales que trabajan con personas migrantes instan al Gobierno a «concederles una protección (subsidiaria, extraordinaria, humanitaria...) porque vinieron a España porque España les ofreció protección y un puerto seguro y ahora no puede dejarles desprotegidos y en situación irregular. Si no cumplen con los requisitos del asilo hay otras herramientas, es una cuestión de voluntad política».

De los 629 migrantes rescatados en el Aquarius, 317 solicitaron asilo en España. Francia realizó más de cien entrevistas aunque finalmente solo permitió la acogida de 80 migrantes. 69 personas de las llegadas en el buque abandonaron el proceso y 317 pidieron asilo en España y están pendiente de resolución. Sin embargo, si no cumplen los requisitos que marca la ley de asilo se quedarán fuera. Como Mohamed. Y esa decisión se adoptará teniendo en cuenta la única entrevista realizada a un miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en Cheste, donde se habilitaron unas instalaciones para el mayor despliegue humanitario realizado en el país ante la llegada del Aquarius. «Hay que tener en cuenta que desde el ministerio analizan esa única entrevista y tememos que este caso se repita. Por eso le pedimos al Gobierno que, si no cumplen con las características del asilo les asignen otro tipo de protección subsidiaria porque los migrantes rescatados por el Aquarius y el Open Arms llegaron a España en circunstancias excepcionales y el Gobienro tiene herramientas para hacerlo», recalcan desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de la Comunitat Valenciana.

Desde Valencia Acoge, además, recalcan que el debate está abierto. «El Gobierno ha traído a estos migrantes de la mano y es inexplicable que la posibilidad de negarles el asilo y dejarles desprotegidos sea real. Sobre todo porque ya están en fase de integración y todo lo invertido en su inclusión de nada sirve. El asilo es una cuestión de política exterior. La parte jurídica recae en el Ministerio del Interior pero la parte 'social' la lleva el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, no están coordinados porque realmente lo que se analiza es la entrevista inicial, no el recorrido que haya hecho esa persona desde entonces. Y así, se deniega el asilo y su proceso de integración se corta de forma radical», denuncian.