La Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler ha decidio explorar una vía alternativa para salir al paso de la situación agónica en que se encuentra actualmente la Tesesoría de la Generalitat, una situación de falta de liquidez que aboca a la Generalitat al abismo de los impagos. La solución pasa por poder ‘confiscar’ los excedentes monetarios de todos los entes de su sector público instrumental. La opción de obtener liquidez de urgencia ya existía para los organismos autónomos, pero no para el resto del sector público. Y ahora el Consell plantea tener acceso urgente a estos recursos en situaciones de excepcionalidad.
Esta medida de urgencia es uno de los cambios de calado que la Conselleria de Hacienda ha incluido en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2020. La modificación afecta a la ley de 2015 de la Generalitat que regula Hacienda Pública y Sector Público Instrumental y de Subvenciones e incluye, además, toda una serie de medidas para intensificar el control desde el departamento de Vicent Soler a un sector público que todavía el Botànic no ha logrado meter en cintura.
La posibilidad de, en caso de falta de liquidez para atender en tiempo y forma el pago a proveedores, se haga a costa de los excedentes de las empresas públicas supone un balón de oxígeno para la Generalitat, que espera con el agua al cuello que el Gobierno central en funciones libere el FLA extraordinario y la actualización de las entregas a cuenta. El propio Soler admitió recientemente en las Corts la situación complicada que vivía la Tesorería y vaticinó un final de año de retrasos en los pagos.
Paralizar los pagos
Los cambios en la citada ley también contempla medidas contundentes contra aquellas entidades que de manera reiterada desafíen los requerimientos de la Intervención de la Generalitat sobre sus cuentas económicas. Hacienda contempla incluso paralizar los pagos a favor de la entidad incumplidora.
Por otro lado, los cambios legales refuerzan los planes de supervisión de la Intervención de la Generalitat respecto a su sector público y obligan a todas las entidades con más de 25 personas en la plantilla a contar con un auditor interno.
