Las nuevas tecnologías han fomentado la aparición de soluciones de movilidad que favorecen los desplazamientos peatonales con el auxilio de nuevos modelos de vehículos que rompen la tradicional división entre peatón y vehículo de motor. Y lo que empieza a ser habitual en la calle pasa a serlo también en las leyes.

Las bicicletas y los patinetes eléctricos plegados podrán viajar en los transportes públicos urbanos e interurbanos bajo competencia de la Generalitat. Es una de las novedades de la ley de Acompañamiento a los presupuestos de 2020, que reforma la Ley de Movilidad para permitir que los vehículos de movilidad personal puedan subir al transporte público que gestiona la Generalitat.

La norma ya se aplica en el transporte de la ciudad de València desde la aprobación del último reglamento de la empresa municipal de transporte. Pero ahora se aplicará también a la ley autonómica.

Así, el gobierno valenciano permitirá el acceso de bicicletas y patinetes por ejemplo al Metro o a las líneas interurbanas de bus siempre que vayan plegados y no superen la longitud de un metro y una altura de dos, según la catalación de vehículo de movilidad personal (VMP) que realiza la DGT.

Límite por alta ocupación

Mecanismos de transporte que segun la Dirección general de Tráfico no son vehículos de motor y por tanto no requieren de autorización administrativa para circular, pero que por su construcción pueden exceder las características de los ciclos y estar dotados de motor eléctrico.

La conocida como ley de acompañamiento, que presumiblemente se aprobará en las Corts antes de fin de año, recoge, no obstante, que el operador podrá limitar el acceso de estos vehículos por motivos de seguridad o en episodios de muy alta ocupación. Estas limitaciones deberán figurar en su reglamentación interna y en los vehículos de transporte público a la vista de los usuarios.

La norma que acompañará a los presupuestos del Consell de 2020 incluye también que todas estas disposiciones en el transporte público deberán ponerse en marcha en plazo de un año a partir de la promulgación de la ley en las Corts.

Otra de las normas que se va a modificar es la de Ordenación del Territorio Urbanismo y Paisaje, de forma que se incluya en su articulado la obligación de que los planes generales locales respeten la previsión de suelo para promover viviendas sometidas a algún régimen de protección pública en un mínimo del 30% de la edificabilidad.