Nuevo pulso en la Conselleria de Hacienda entre Compromís y PSPV. Esta vez a cuenta de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2020. El rifirrafe se centra esta vez en el área de tributación y beneficios fiscales y su primera consecuencia es que del texto normativo, que ayer salió a exposición pública, ha caído uno de los anuncios electorales más sonoros del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la campaña electoral de las autonómicas. El jefe del Consell prometió, si revalidaba el cargo, aumentar al 99% la exención del impuesto de sucesiones a empresas familiares. El compromiso, una antigua reivindicación de la Asociación de Empresas Familiares de Alicante (AEFA) como la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), no tenía fecha concreta, pero la intención de la Conselleria de Hacienda era incorporarla en la actual ley de acompañamiento.
La medida, sin embargo, no aparece en el proyecto normativo y según ha podido saber este diario, en el origen de esta ausencia está las reticencias de Compromís, socio de Gobierno del PSPV, a regular esta exención . La formación que lidera Mónica Oltra, que controla la secretaría autonómica de Hacienda, no ve con buenos ojos que en medio de los recortes que se avecianan y con una situación de asfixia en las cuentas autónomicas, la única bonificación de calado para 2020 sea un guiño al empresariado. En plena campaña,Puig justificó esta medida para no perjudicar la competitividad de las empresas familiares de la Comunitat Valenciana, que suponen más del 91% de las sociedades mercantiles valencianas. El impuesto tiene en estos momentos una bonificación del 95%, por lo que con la nueva regulación prácticamente las empresas no tendrían que pagar nada cuando tuviera lugar la transmisión del negocio.
En términos generales, la política de beneficios fiscales es controvertida ya que implica una merma en la recaudación. Para una comunidad como la valenciana con graves problemas por la infrafinanciación, la medida tiene detractores en la izquierda y es objeto de desencuentros con la derecha, partidaria de bajar la presión fiscal y extender las bonificaciones. Con todo, el pulso entre los socios de Gobierno no es ajeno al clima electoral que se respira y que les ha llevado a enfrentarse abiertamente por los recortes en el actual prespuesto. Compromís ha forzado que el plan de ajuste se paralice, aunque en un primer momento colaboró en su diseño.
Con todo, la bonificación a la empresa familiar no será la única novedad que, de momento, no está en el texto normativo en fase de alegaciones. Tal como adelantó Levante-EMV, el departamento de Hacienda tenía prácticamente últimada una nueva regulación para aumental del 1,5 al 2% el tipo del gravamen del impuesto de actos jurídicos documentados aplicado a los préstamos hipotecarios. Un tributo que antes recaía en los bolsillos de los compradores de una vivienda y ahora en la banca.
La medida había sido impulsada por el área de tributos bajo el control de Compromís. Existía un texto redactado e incluso una memoria económica sobre el impacto en las arcas autonómicas del incremento del tributo, aunque no contaba con la autorización del departamento de Hacienda. De hecho, según ha sabido este diario, el conseller Vicent Soler ha optado por eliminarlo del texto ante la actitud de bloqueo de Compromís a una de las medidas electorales estrella del presidente Ximo Puig. Desde la Conselleria de Hacienda se argumenta que la política fiscal del Botànic debe hacerse conjuntamente.
