Los resultados de toda reunión en las alturas ministeriales dependen de las expectativas con las que el visitante entre. Los inputs en el Palau de la Generalitat antes de que Ximo Puig accediera ayer al número 5 de la calle de Alcalá (sede central de Hacienda) eran poco más o menos que «la cosa está mal». Con esa mochila, salir del despacho principal con algo más que el propio hecho de haber estado allí (otros presidentes autonómicos lo han solicitado y no han sido atendidos), aunque no sea un trato especial en las entregas a cuenta que permanecen bloqueadas para todas las comunidades, fue motivo para que el presidente de la Generalitat se declarara «contento» y calificara la reunión de «positiva» y de «avance».
Lo que Puig obtiene principalmente son garantías y compromisos verbales que habrá que ver cómo se materializan. Uno es que el Consell «va a tener la cobertura del Gobierno de España» cuando «haya tensiones de tesorería, que probablemente las va a haber», dijo el president a la salida del encuentro. El riesgo de no poder atender facturas en noviembre y de que el periodo medio de pago a proveedores (PMP) se dispare esté ahí y las palabras de la ministra, María Jesús Montero, al jefe del Consell disiparían ese peligro, siempre que no queden en papel mojado.
Puig obtiene además algo de concreción a la prórroga al Plan Económico Financiero (PEF) anunciada por el conseller Vicent Soler la semana pasada, tras verse con la secretaria de Estado. La ministra dijo ayer al jefe del Consell que podrá contar con los 250 millones del los créditos del FLA extraordinario antes del 9 d'Octubre. Eso siempre que presente antes el PEF. Y este debe incluir el plan de «retención de créditos» de los presupuestos de 2019.
Es decir, el Botànic puede contar en pocos días con 250 millones, pero deberá acelerar la aprobación de los recortes, aplazados en los últimos dos plenos del Consell a la espera del encuentro de ayer. Estas medidas de contención del gasto, valoradas en 440 millones, son las que han provocado fricciones del PSPV con los socios (en especial, Compromís, pero también Podemos) en las últimas semanas, ya que estos exigen tensar la reivindicación en Madrid ante un escenario de tijeras obligadas.
Soler ha reiterado que estos ajustes (rechaza hablar de recortes cuando el gasto en 2019 sube) son independientes de lo que suceda con las entregas a cuenta, ya que están relacionados con el hundimiento de los Presupuestos del Estado de 2019, que contemplaban un aumento de la inversión en la C. Valenciana que finalmente no se ha producido.
Puig insistió ayer en que se verán afectadas «partidas de difícil ejecución y aquellas que puedan trasladarse sin excesivos problemas para los ciudadanos a trimestres posteriores». El gasto social quedaría excluido de estas medidas de «contención del gasto», que «nunca van a dañar derechos de los ciudadanos», afirmó.
Puig obtiene asimismo de la ministra que los 450 millones bloqueados de las liquidaciones a cuenta se liberarán «lo antes posible» durante este trimestre. Montero ya había dicho que todas las autonomías tendrán el dinero antes de fin de año (lo contrario sería dramático), así que por esa parte el jefe del Consell no trae de Madrid un trato especial para la Comunitat Valenciana, a pesar de ser la peor financiada. En todo caso, Presidencia confía en que los fondos lleguen «bastante antes» de que acabe el año.
El tratamiento singular a Puig y el ejecutivo valenciano fuepolítico. La reunión de ayer, reclamada por otros presidentes autonómicos, es un reconocimiento a la difícil situación financiera valenciana y a su posición estratégica de principal gobierno de izquierdas.
Puig se lleva finalmente de la visita una cifra: 278 millones. Es la mejora de la financiación ordinaria que obtendrá en 2019 la C. Valenciana con respecto al año anterior, a pesar de la prórroga de los presupuestos estatales.
No convence a los socios
El resultado, cargado de compromisos,pero sin un trato especial para la C. Valenciana en el problema de las entregas a cuenta, deja insatisfechos a los socios del Botànic.
«El gobierno central debería entender que la situación valenciana es diferente y es necesaria por tanto una solución diferenciada y urgente, que no se está dando y que hay que reivindicar desde el Consell con la complicidad de la sociedad valenciana», dijo Fran Ferri (Compromís).
«El ministerio no ha puesto una solución a los problemas financieros de la Generalitat», añadió Ferran Martínez (Unides Podem), que criticó que «de nuevo» se recurra a préstamos, en referencia al FLA, y condicionados a ajustes. Exigió un acuerdo sobre ellos, «si hay que hacerlos», y llamó a las fuerzas del Botànic a «denunciar el maltrato que esto supone».
La oposición no dio tregua. El PP reclamó la comparecencia de Puig en las Corts y acusó a este de venir de Madrid «solo con recortes y sin un euro de más para los valencianos».
Habrá que ver al final qué ocurre con las garantías y los compromisos de la ministra Montero. Al menos, el encuentro es una muesca más en la estrategia de gota malaya de Puig y el Consell para cambiar un sistema que «pone en cuestión» hoy el Estado autonómico. Lo dijo Puig.
