El Consejo Autonómico de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (Cocemfe CV) ha solicitado este jueves una "financiación justa" a los "responsables políticos valencianos" que "garantice los derechos de las personas con discapacidad", además de "la viabilidad de las entidades a las que representa Cocemfe CV", según ha informado la entidad en un comunicado.
Así se ha pronunciado este jueves el presidente de Cocemfe CV, Juan Mondéjar, en el primer Consejo Autonómico celebrado por la entidad en el presente curso político, en la que se ha mostrado "partidario" de que la Comunitat reciba una "financiación justa", y ha considerado: "Blindar la financiación social garantiza un modelo efectivo de atención social, que supone el cuarto pilar del Estado de Bienestar".
"La consolidación de este modelo es una demanda de nuestro colectivo desde años y el déficit de financiación pone en peligro la justicia social en nuestro territorio, que ya ha sufrido sus efectos durante años", ha explicado.
El encuentro ha reunido a los representantes de las 100 asociaciones que integran el movimiento de la discapacidad física y orgánica en la Comunitat, con una representación de más del 60 % de las 450.000 personas con algún tipo de discapacidad.
En este contexto, el presidente de Cocemfe CV ha expresado su intención de trasladar "una petición" al Gobierno valenciano para que el presupuesto de la Generalitat para 2020 "garantice los derechos de las personas con discapacidad y la viabilidad de las entidades a las que representa Cocemfe CV".
Mondéjar ha ensalzado la "labor básica que realizan las organizaciones de discapacidad" hacia este colectivo, "más allá de lo subsidario", y ha mostrado su preocupación sobre los posibles ajustes en el presupuesto de la Generalitat para 2020.
Además, ha destacado la función de la organización "encaminada a mejorar las condiciones de vida de los 270.000 valencianos y valencianas con algún tipo de discapacidad física y orgánica".
"El panorama actual pone en riesgo aquello conseguido tanto en políticas de discapacidad y dependencia como en la labor que realizan las entidades especializadas para atender las necesidades no cubiertas por el sistema", ha lamentado.
El presidente de la entidad ha añadido que las entidades de discapacidad "no van a permitir que posibles nuevos recortes afecten a la calidad de los servicios que prestan, al número de personas participantes en estos servicios -que se ha incrementado en un 60 por ciento en los últimos tres años-, y en la estabilidad laboral de los profesionales que llevan a cabo esta atención".
"Solicitamos a los responsables políticos la máxima implicación para la consecución de una financiación justa para nuestro territorio que evite una posible involución de los derechos y la atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad", ha insistido.
