La Generalitat Valenciana calcula que los daños del temporal que asoló la pasada semana la comarca alicantina de la Vega Baja superarán los 1.500 millones de euros. Así lo anunció ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una comparecencia ante los medios al término de la reunión de la Comisión Interdepartamental para el Seguimiento y Coordinación de la Postemergencia, que se celebró en el Palau de la Generalitat.

El próximo viernes, en la reunión del pleno del Consell en Orihuela, se aprobarán dos decretos de ayudas: uno de ayudas directas a las personas afectadas, que podrían recibir entre 3.000 y 5.000 euros para «ayudarlos en esta situación de shock que están viviendo», y un segundo decreto dirigido a los ayuntamientos, para que puedan «ir avanzando en la reparación de las cuestiones básicas».

«Hemos visto que en todos los ámbitos ha habido un daño grande, muy especialmente en lo que significa la agricultura, también en las viviendas, y en todas las infraestructuras», añadió el jefe del Consell, quien calificó de «gran catástrofe» el pasado episodio de fuertes lluvias que ha afectado a la Comunitat Valenciana.

De los decretos que se aprobarán mañana, «uno estará dirigido directamente a las personas, sobre todo para atacar inicialmente lo que es la necesidad perentoria de las personas que han sufrido pérdidas en su vivienda y en sus enseres», detalló el titular del Consell, que también se refirió a un segundo decreto de ayuda a los ayuntamientos.

Fondos del Estado y de la UE

Estas ayudas forman parte de «una actuación primera de emergencia», aunque, en las próximas semanas, se «seguirá abordando distintas actuaciones por parte de las conselleries». «Es fundamental -añadió- el concurso de todas las Administraciones, necesitamos recursos, recursos importantes del Estado y recursos también de la Unión Europea», al tiempo que advirtió de que estas cifras son tan solo una primera aproximación a la magnitud de los daños económicos, y que estos podrían ser superiores.

En cuanto a los sectores más afectados, confirmó que «la peor parte es la agricultura, sobre todo en la Vega Baja, donde es el motor fundamental, junto con la industria agroalimentaria». En esta comarca, explicó, las infraestructuras de regadío han sufrido cuantiosos daños. También se refirió a las infraestructuras viarias como lo más dañado por el temporal, así como los servicios educativos y sanitarios. En cuanto a los dos primeros decretos, el presidente explicó que serán de ayudas directas «para que se hagan efectivas lo más rápidamente posible» y poder asegurar así «la primera actuación, el primer impacto, y ayudar en una situación de shock». A estas ayudas a las personas se añadirán a las cantidades asignadas a los ayuntamientos «para ir actuando sobre todo en la reparación de los servicios públicos fundamentales».

En la Vega Baja, al miedo a morir -tres personas han perdido la vida- o que el agua arrastrara las pertenencias que han sido el fruto de una vida de trabajo, se suma ahora la pérdida de empleos porque las empresas que están cerradas o que no tienen trabajadores porque estos están intentando limpiar sus viviendas han comenzado a interesarse por cómo gestionar ante la Conselleria de Trabajo los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) por fuerza mayor, una modalidad regulada para casos imprevistos y que permite mandar a los trabajadores al paro hasta que se resuelvan la contingencia.

Desde la fecha que comenzó este episodio de la gota fría hasta que la actividad se pueda reanudar, las empresas pueden tramitar una exección en el pago a los trabajadores y, consecuentemente, de las correspondientes cuotas de la Seguridad Social dentro de un procedimiento que requiere del acuerdo con los trabajadores o, en caso de discrepancia, del visto bueno de la Inspección de Trabajo, lo cual retrasaría las autorizaciones que tendrían, en cualquier caso, carácter retroactivo.

El sector agrícola es el gran damnificado por la gota fría. La Asociación de Jóvenes Agricultores Asaja Alicante cuantificó ayer las pérdidas en 550 millones de euros en la provincia. Según desglosan hay 56.060 hectáreas de cultivo en las que se perderá el 100% de la producción, lo que provocará daños directos en cosecha de 304,9 millones de euros, mientras que el impacto en exportaciones alcanzará 245,28 millones de euros. A estas cifras, hay que sumar los inmensos daños ocasionados en infraestructuras agrarias.