Y ya van tres. El Gobierno ha negalo al asilo a dos migrantes más del Aquarius, además del caso del joven del Chad que desveló Levante-EMV el pasado lunes. Sin embargo, y ante la negativa de dar asilo a tres migrantes rescatados por el barco humanitario y truncar sus perspectivas de futuro poco más de un año después de desembarcar en el puerto de València, el Gobierno guarda silencio ante los medios.

«Desde el Ministerio del Interior no vamos a hacer declaraciones sobre la denegación de asilo a personas migrantes que llegaron en el Aquarius». Esa es la respuesta oficial del Ejecutivo central tras tres días de espera donde las ONG han lanzado la voz de alerta y han instado a Madrid, junto con expertos, a emplear las «herramientas» que contempla la ley para otorgar protección internacional a quienes no cumplen con los requisitos estrictos del asilo.

Para entidades y expertos, el rescate de los barcos Aquarius y el Open Arms son «situaciones humanitarias excepcionales que deben tratarse como tal».

Sin embargo, varias fuentes consultadas por este diario, conocedoras del proceso y cercanas al Ejecutivo, aseguran que el Gobierno está «explorando» una solución «común» para los migrantes llegados en el Aquarius en aras de que no se les niegue la protección en pleno proceso de inclusión.

El Ministerio del Interior gestiona la protección (o no) de los migrantes, mientras que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social se encarga de la gestión del programa de integración mientras se resuelve el expediente.

Reclaman una solución

Entidades sociales y expertos en derechos humanos le piden al Gobierno una solución que ahora está explorando sin querer dar publicidad alguna.

Sin embargo, ya han empezado las reacciones políticas que reclaman explicaciones al respecto. La primera formación en hacerlo ha sido la coalición Compromís, quien, de la mano de su senador Carles Mulet, ha formulado una pregunta que, antes o depués, debe tener respuesta por parte de un Gobierno que ahora guarda silencio sobre el asunto.

«¿En qué situación administrativa se hallan las personas que llegaron con el Aquarius y las embarcaciones de la armada italiana el 17 de junio de 2018 y que se acogieron a la oferta de asilo del Gobierno de España?», pregunta el senador Carles Mulet tras pedir explicaciones sobre el porqué se le deniega el asilo a un joven del Chad cuyo país está calificado pro la propia web del Ministerio de Exteriores como «muy frágil por la presencia de grupos armados y acciones terroristas».

Tras el primer aniversario

El Aquarius llegó a puerto seguro el 17 de junio de 2018 ante las cámaras de todo el mundo. Cuando se cumplió el primer aniversario, hace apenas tres meses, los medios de comunicación publicaron las historia de integración, el proyecto de vida, de algunos de los 317 migrantes que habían llegado en el Aquarius y que pidieron asilo en España.

Algunos trabajaban, otros buscaban empleo y todos aprendían el idioma. El imaginario colectivo dibujó una imagen de migrantes a los que el Estado español había acogido para darles una segunda oportunidad.

Sin embargo, esas solicitudes de asilo estaban (y están) pendientes de una resolución definitiva. De hecho, las peticiones de asilo suelen demorarse entre dos y dos años y medio, aunque el sistema de protección tiene una duración total de 18 meses (prorrogable solo en algunas circunstancias muy concretas y a colectivos muy vulnerables).

Según refleja Carles Mulet en la pregunta presentada al Gobierno, «el 1 de agosto de 2018 finalizó el permiso de estancia de 45 días que el Gobierno de España otorgó por razones humanitarias a quienes desembarcaron en València, un puerto seguro, así como el plazo para solicitar el permiso de asilo. Más de un año después se desconoce de manera oficial la respuesta del Ejecutivo a las más de 600 peticiones de protección internacional».

Los casos de peticiones de asilo denegadas a migrantes del Aquarius salen con cuentagotas y las entidades sociales guardan ahora silencio en aras de que el Gobierno busque una solución que no suponga dejar sin documentación y condenar a la extrema vulnerabilidad a esas mismas personas a las que rescató del mar.