El funcionario implicado por el caso que investiga el presunto cártel del fuego, Vicente Boscá, seguirá como coordinador contra incendios de la Generalitat Valenciana hasta que se resuelva este proceso judicial.
Según recordaron ayer fuentes de la Administración, hasta que la sentencia no sea firme, en caso de que el asunto llegue a juicio, la Generalitat no pude actuar contra ningún trabajador público. De hecho, podría enfrentarse a una investigación por prevaricación si lo aparta de sus funciones, añadieron estas fuentes.
Según consta en los informes policiales incluidos en el sumario, Boscá es funcionario de carrera desde el año 2006 y en los últimos años ha participado en licitaciones de grandes contratos públicos. En ????, Boscá firmó el pliego de condiciones para adjudicar el servicio de helicópteros de extinción de incendios y urgencias sanitarias.
El nombre de este funcionario también aparece en el listado de cargos públicos a los que Avialsa enviaba regalos por Navidad. El sumario apunta a que este grupo de empresas se repartía el mercado por comunidades autónomas e incluso plasmaron los acuerdos por escrito en las reuniones que organizaba Huerta.
Tal como publicó ayer Levante-EMV, la Audiencia Nacional ha solicitado información detallada sobre todos los cargos que ha ocupado Boscá en la Administración valenciana desde que accedió a su plaza de funcionario en ????.
En concreto, ha instado a la Generalitat para que entregue datos sobre los departamentos por los que ha pasado, «área de adscripción, la temporalidad de los mismos, las responsabilidades diamantes del cargo y la relación de todas aquellas mesas de contratación relativas a las licitaciones relacionadas con el sector de extinción aérea de incendios forestales en las cuales Vicente Boscá haya ejercido como miembro decisorio de la misma».
El juez de Sagunt que inició esta investigación envió la pieza principal a la Audiencia Nacional tras apreciar indicios de existencia de un «grupo criminal» que actuaba en varias comunidades autónomas, Portugal, Italia y Chile, y que presuntamente amañó contratos para la extinción de incendios. En esta pieza se investigan los delitos de alteración del precio de concursos, pertenencia a organización criminal, falsedad en documento mercantil, cohecho, malversación o prevaricación.
