Por primera vez un tribunal valorará si el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) usó la Administración para saldar sus deudas electorales. Y también por primera vez un tribunal profesional, cualificado, juzgará al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por su relación con los miembros de Gürtel.

La Audiencia Nacional cerró ayer definitivamente la instrucción complementaria de esta pieza de la Gürtel valenciana, abierta a raíz de la confesión de Ricardo Costa en el juicio de la financiación irregular del PPCV.

En concreto, Camps se sentará en el juicio como acusado por el contrato que la Generalitat adjudicó a Orange Market SL, el brazo de Francisco Correa en València, para el montaje del estand Grandes Proyectos en Fitur en el año 2009. En esta pieza separada también se juzgarán otros servicios contratados al grupo Correa por una veintena de altos cargos del Consell. Así, Camps compartirá banquillo con tres de sus exconsellers: Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera.

Pero las irregularidades que han llevado a Camps al banquillo otra vez se limitan exclusivamente al contrato de Fitur. Según el auto dictado por el juez José de la Mata, el magistrado abre juicio oral a Camps por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a las Administraciones públicas y tráfico de influencias. No obstante, rechaza el delito de malversación de caudales públicos, ya que no se incluyó dicho tipo penal en esta pieza.

El instructor considera que ha quedado acreditado que «con el fin de favorecer los intereses económicos de Orange Market SL, tal como había ocurrido en las ediciones anteriores de Fitur, y para contentar a sus gestores ante la elevada deuda acumulada hasta el año 2008 en favor de dicha mercantil por la celebración de actos del PP en dicha comunidad autónoma, Álvaro Pérez Alonso y Cándido Herrero Martínez, bajo la superior dirección de Francisco Correa Sánchez y de Pablo Crespo Sabaris, se concertaron con el acusado Francisco Camps Ortiz para que este, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del estand de Grandes Proyectos fuera directamente adjudicado a Orange Market, al margen de la tramitación de procedimiento de contratación alguno».

«Arsenal de indicios»

El juez detalla en su resolución que toma la decisión porque «estamos ante un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana participó en el direccionamiento del contrato». Y lo hizo «para favorecer a Orange (...) a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda que el PPCV tenía con Orange, y su colaboración al aceptar las ilegales fórmulas de pago que el PPCV utilizaba» para cancelarla.