El Hospital General pagó 23.713,92 euros en «sobresueldos» a diez empleados durante el año 2018 de manera indebida. Así queda reflejado en el anexo al informe de auditoría realizado por la Intervención de la Generalitat al consorcio que gestiona el centro.
Tras aflorar estos pagos, el organismo de control ha reclamado a la entidad que rige este recinto sanitario que estos empleados reintegren estas cantidades que fueron abonadas en concepto de retribuciones, indemnizaciones y complementos sin que esos movimientos económicos se ajustaran a lo estipulado en la legislación, según apunta el documento.
El informe de Intervención apunta sobre todo a tres de esos empleados. Se trata del director de Recursos Humanos, un facultativo especialista en análisis clínicos y una administrativa, entre los que sumarían más de 22.323,55 euros de los 23.713,92 denunciados. En concreto, el facultativo habría recibido 9.543,43 euros; la administrativa, 6.804,05 euros; y el director de Recursos Humanos 5.976,07. Entre los otros siete afectados, de los que dos son cargos directivos, suman una cifra notablemente inferior: 1.390,37 euros.
El organismo de control, en el mismo documento, advierte de que el Hospital General ha contabilizado gastos por importe de 12,3 millones de euros durante el ejercicio 2018 sin la existencia de crédito presupuestario que se destinaron a compras de productos farmacéuticos y material sanitario.
Esta situación se suma al reintegro que también ha reclamado Intervención sobre un aumento de sueldo del 0,25 % que otorgó el gerente del hospital, Enrique Ortega,durante el mismo año 2018 a alrededor de 1.500 de sus trabajadores sin el permiso de la Conselleria de Hacienda.
El departamento autonómico había concedido entonces la posibilidad de subir el salario un 1,50 %, mientras que la gerencia del centro aprobó por su cuenta un crecimiento del 1,75 %, por lo que Intervención ha reclamado que se devuelva ese 0,25 % de diferencia. Ante todo ello, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha puesto esta información en conocimiento de la Fiscalía, que ha abierto una investigación para esclarecer si estos hechos podrían suponer un presunto delito de prevaricación y de malversación de fondos.
«Es una ilegalidad»
Por su parte, el portavoz del PP en Sanidad, José Juan Zaplana, apuntó ayer que los hechos desvelados por el informe de Intervención «no son una irregularidad, sino una ilegalidad», puesto que «se está favoreciendo con decisiones arbitrarias a determinadas personas».
Asimismo, Zaplana criticó que la Conselleria de Sanidad está llevando el tema con «oscurantismo» y lamentó que su partido todavía no dispone del informe de forma oficial. «Cuando lo tengamos, si vemos que se corrobora todo lo publicado, denunciaremos lo ocurrido ante la Fiscalía, y si ésta no actúa rápido incluso nos planteamos ir directamente nosotros al juzgado», anticipó el diputado popular.
