La necesidad de hacer hueco al tercer socio del Botànic II (Unides Podem) y resituar en el segundo escalón a cargos afines que por causas diferentes habían quedado descolgados trajo como primera consecuencia una ampliación del orgranigrama de la Generalitat. Las secretarías autonómicas pasaron de 22 a 29 y las direcciones generales, de 50 a 84. Un incremento muy criticado por la oposición, pero cuestionado también internamente por algunas voces dentro del nuevo Consell.
Tras las vacaciones estivales, los nuevos cargos han aterrizado en sus respectivas conselleries y, unos con más retraso que otros, han empezado a ocupar despachos. Ahora bien, en su mayoría siguen a la espera de personal funcionario. Ni personal de confianza ni jefaturas de servicio ni auxiliares. Solos en su despacho, con un teléfono y un ordenador en el mejor de los casos.
La situación, además, no tiene visos de solucionarse pronto. La definición de la estructura administrativa está pendiente de la aprobación de los Reglamentos Orgánicos y Funcionales (ROF), que definirán, en primer lugar, el reparto competencial; y, en segunda instancia, qué unidades funcionariales corresponden a cada departamento. Sin estos decretos ya desarrollados las direcciones generales carecen de cobertura normativa para asignarse personal.
Reticencias en función pública
Todo está en manos en estos momentos del departamento de Función Pública dependiente de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, que, de momento, según las fuentes consultadas, no tiene previsto autorizar la asignación de puestos a las nuevas direcciones generales.
La ausencia de ROF está creando muchos problemas en la gestión diaria y ha estimulado la batalla por el reparto de personal. El problema no es solo legal. La Generalitat acusa un importante déficit de personal tras años sin oposiciones. Esta legislatura acumulará varias convocatorias de ofertas de empleo público, aunque la mayoría de las oposiciones está pensada para consolidar al personal interino. La conclusión es que la ampliación de la plantilla no es un escenario factible máximo en tiempos de recortes.
Sin nuevos miembros (solo pueden incorporarse como temporales), las nuevas direcciones generales únicamente podrán contar con funcionarias y funcionarios que estén asignados a otros departamentos. El problema se está viendo ya para estos nuevos cargos que ni si quiera cuentan con una secretaría.
Peor lo tienen las conselleries de nueva creación que han recibido competencias, pero se encuentran con reticencias a la hora de recibir personal. De hecho, en lo que va de legislatura, según fuentes de la Conselleria de Justicia, la autorización de puestos en los nuevos departamentos se está haciendo con cuentagotas y para cubrir plazas funcionariales de confianza. Así, la vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que dirige Rubén Martínez Dalmau, tiene ocho puestos de nueva creación, mientras la Conselleria de Innovación tiene catorce.
La plantilla de la Función Pública consta en la actualidad de 18.832 puestos. Sin embargo, un total de 1.580 están vacantes. Es decir tienen cobertura presupuestaira pero están sin ocupante ni titular.
