Cuando el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se dio cuenta, camino de Ontinyent para supervisar el alcance de la crecida del río Clariano, de que la «zona cero» de la gota fría a la que se enfrentaba la Comunitat Valenciana estaba en la Vega Baja, poco podía imaginar que iba a lidiar con uno de los momentos más complicados de su mandato. El jefe del Consell se plantó en Orihuela durante cuatro días. Sin sus desaparecidos socios de gobierno que hicieron «mutis por el foro», Puig ejerció el rol que le tocaba. De presidente. Estar donde había un gravísimo problema. Si estaba en su mano, colaboraba en la solución en un escenario dantesco y, si le era imposible, daba su respaldo a los alcaldes y a personas que lo habían perdido casi todo.
Pasado el episodio de lluvias, empieza el momento de valorar los daños. De iniciar la reconstrucción de la Vega Baja. Y como siempre, en estos casos, una catástrofe se convierte en una oportunidad. El pleno del Consell se reunió el pasado viernes en Orihuela para poner en marcha las primeras medidas de apoyo para vecinos afectados y municipios. Son 23 millones que se tendrán que ampliar necesariamente para paliar unas pérdidas que superan los 1.500 millones. El nivel de destrucción de la Vega Baja llevó a Ximo Puig a hablar de poner en marcha un «plan Marshall» para volver a relanzar la comarca. No sólo en infraestructuras. También en una actividad económica que la ha convertido en una gran huerta.
Más allá de la fórmula que utilizó el jefe del Consell para darle solemnidad a su propuesta, lo cierto es que de la respuesta que sea capaz de dar la Generalitat a una de las emergencias climáticas más importantes de las últimas décadas dependerá la reconexión de la Vega Baja a un proyecto autonómico del que siempre se sintió un tanto desapegada. Esto también es «coser» el territorio, como ha repetido una y mil veces Puig desde que llegó a la Generalitat.
Pero la Generalitat tiene una gran oportunidad que debe gestionar por una cuestión de justicia ante una emergencia de esta envergadura pero también como una vía para recolocar a la Vega Baja en el escenario autonómico. De lo contrario, posiblemente, esa comarca perderá para siempre cualquier lazo de cariño que le pudiera quedar con la Generalitat y con un proyecto común. No estamos ante una cuestión de segundo orden. Para que les quede claro: el Consell es la administración sobre la que pivota esa respuesta a los efectos del temporal.
Tiene un presupuesto suficientemente amplio para actuar y puede reclamar iniciativas de inversión al Gobierno de España en tanto que al final Puig es el representante ordinario del Estado en la C. Valenciana. Además, tiene las competencias de Emergencias y es la única administración que puede centralizar las solicitudes para, posteriormente, tramitar las ayudas de la Unión Europea. El papel de la Generalitat debe ser triple: impulsar las ayudas y coordinar las iniciativas para la recuperación, exigir a Madrid para que nunca se les olvide y mediar con Europa. Todo lo que no sea una acción clara será un enorme fallo. No sólo de Puig sino en la misma medida de Oltra y Dalmau que, aunque no lo parezca, también se sientan en el Consell.
Esta crisis por la «gota fría» en la Vega Baja, en todo caso, tiene que abrir un debate sobre las fórmulas de gestión de las emergencias. La Generalitat tiene que empezar a trabajar con más previsión. Quizá sea el momento de crear un fondo autonómico de respuesta rápida. Una especie de «hucha» que sume partidas anualmente para disponer rápidamente de dinero que permita una acción pública ágil ante lluvias, incendios... Es lo mínimo que una administración tiene que hacer para atender a los ciudadanos que sufren. Todo lo que no sea ejercer esa iniciativa, en la Vega Baja o allá donde se produzca, será un fracaso. Y no sólo de este Consell. Será un fracaso de todo el mundo. Un fracaso de todo el proyecto de esta Comunitat.
