La falta de plantilla y recursos en la Entitat Valenciana de Habitatge i Sol (EVHA) es una realidad desde hace siete años. El organismo encargado de gestionar el parque público de la Generalitat, que acumula la mayor parte de los recursos de la Conselleria de Vivienda, solo tiene un trabajador social en plantilla. Tan solo una persona contratada para hacerse cargo de los 14.000 inmuebles que, hoy en día, conforman el parque de vivienda pública, según datos de la propia consellería, que matiza que tres personas más están en proceso de contratación y se ha hecho una petición para ampliar a más trabajadores.
Actualmente el parque público de la C. Valenciana está formado por 14.000 inmuebles, que el propio conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, aseguró hace unos días que estaban ocupados. A esto hay que añadir las 14.000 solicitudes de vivienda social que doblan la capacidad del parque de pisos públicos y desbordan la entidad. Dar respuesta a la «emergencia habitacional» fue el objetivo que el propio conseller estableció como prioridad a lo largo de esta legislatura, apostando por ampliar el parque de vivienda pública hasta un 30% a pesar de que, para dar respuesta a todas las solicitudes que existen ahora mismo, sería preciso doblarlo.
La situación de precariedad de la entidad tiene varias causas, aunque la principal data del año 2012, cuando el ERE del Instituto Valenciano de Vivienda (antiguo nombre de la entidad) afectó a 200 trabajadores sobre una plantilla de 327 empleados.
Otra de las razones de la falta de recursos tiene que ver con deudas heredadas ya que, tal y como publicó Levante-EMV, vivienda continúa pagando la mitad del préstamo concedido para la construcción del circuito de Fórmula1. En concreto, la consellería presidida por Martínez Dalmau debe abonar 30 millones de euros hasta 2023, una deuda que se come la partida para la adquisición de vivienda pública, de 38,3 millones de euros.
Si hablamos de dotaciones, la Entitat Valenciana de Habitatge i Sól está lejos de poder atender la demanda de emergencia habitacional en la Comunitat, ya que debe hacer frente a las 14.000 solicitudes que permanecen a la espera de un piso social.
Del total existente, 12.676 se gestionan mediante alquileres sociales muy reducidos, que se destinan a familias en riesgo de exclusión. Por provincias, la que tiene un mayor porcentaje de inmuebles es València (6.621), seguida de Alicante, con 5.184 y Castellón con 770.
Además, el EVHA cuenta con 1.363 pisos que están destinados a «a aquellas personas que no pueen acceder en condiciones normales a una vivienda en el mercado libre, pero que no se encuentran en situaciones tan precarias como los residentes de viviendas sociales». Estos inmuebles se gestionan como alquileres asequibles, destinados a familias en riesgo de exclusión social. Por localidades, los municipios que acogen el mayor número de viviendas sociales son Paterna, con 1.264 inmuebles (la mayoría en el barrio de la Coma); Elx, con 1.180; València con 1.035 y Sagunt, con 749.
Hacer frente al problema de la vivienda, que representa una de las principales causas de exclusión social, es el principal reto para la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, presidida por Rubén Martínez Dalmau. Según el propio conseller «a día de hoy necesitamos viviendas para atender emergencias habitacionales, como son los casos de mujeres víctimas de violencia machista, y también para alquileres sociales o alquileres asequibles». Para ello ya se han anunciado algunas medidas como la incorporación de pisos de la Sareb. En junio, el conseller se reunió con el presidente ejecutivo de la entidad, Jaime Echegoyen, y anunciaron que la incorporación de viviendas estaría lista durante este mes de septiembre.
