Cumplido el primer trimestre de presencia en las Corts, la ultraderecha valenciana ha tratado de poner freno esta semana a su irrelevancia dentro de la cámara con una concentración a las puertas del parlamento valenciano.
La imagen resulta muy explicativa de lo que ocurre en el interior. La imposibilidad de liderar ningún debate en el hemiciclo, donde la formación de derecha radical cuenta con diez diputados, le lleva a tratar de adquirir algo de notoriedad con una reunión de medio centenar de personas fuera de las paredes de las Corts.
La única formación debutante de la legislatura es un grupo sin bagaje político, sin discurso valenciano y que tiene en el ultranacionalismo español y en las cuestiones que afectan a colectivos sensibles como inmigrantes, menores no acompañados o víctimas de violencia de género (intrafamiliar la llaman) sus señas de identidad.
El arrinconamiento del castellano o la exigencia de un distrito único para elegir centro escolar, posiciones que comparten con el resto de partidos de la derecha, jalonan la mayoría de sus iniciativas. En sus discursos siempre suelen aparecer apelaciones frentistas como llamar continuamente «frente popular» o «comunistas y marxistas» a los partidos del Consell.
En la primera sesión, los diputados juraron su cargo «por Dios y por España» con la mano sobre una biblia y un pequeño crucifijo. Ese día, el número dos nacional, Javier Ortega, los arengó a las puertas de las Corts como a un equipo de baloncesto. «Sois los diez valientes que formarán la barrera contra el totalitarismo separatista y anexionista del pancatalanismo», les aleccionó.
En su debut esta semana en las comparecencias de consellers, un diputado de Vox se presentó como miembro de las «Cortes ubicadas en el levante español». El partido no oculta que le encantaría cerrar el parlamento valenciano y cambiar las autonomías por un único Gobierno de España.
Pero el tono del partido ultra contrasta de momento con la reacción que les brinda el resto de partidos, que prefieren obviarlos, como que si no existieran. «Nadie nos quiere», admitió en rueda de prensa la síndica de Vox, Ana Vega. El PP ha optado por ningunearlos con el íntimo objetivo de recuperar a muchos de sus antiguos votantes que en el momento de mayor excitación españolista tras la eclosión independentista en Cataluña se refugieron en el partido de derecha radical.
Solo en los primeros momentos de la legislatura, el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, defendió sin éxito que tuvieran presencia en la Mesa de las Corts, el órgano de gestión de la cámara. En los partidos del Botànic de momento rehúyen el cara a cara. Este jueves, un diputado de Vox aseguró en la comparecencia de la consellera Rosa Pérez (EU) que la victoria electoral de la República en 1931 fue un golpe de Estado y que los abuelos políticos de «comunistas y socialistas» asesinaron a miles de civiles desarmados. La diputada de EU que intervino, Estefanía Blanes, dijo que contra el discurso del odio solo cabe la democracia.
Banderas en colegios
Una mirada al orden del día del pleno de la próxima semana, el primero ordinario de la legislatura, da muestra de las cuestiones sobre las que el partido ultraconservador se muestra cómodo. Una interpelación al Consell sobre si la Ley de Memoria Democrática se aplica sin excepción «a los españoles caídos en ambos bandos de la contienda durante la guerra civil» o una proposición de urgencia sobre la obligación de que la bandera nacional ondee en los institutos públicos. Cuando el martes el líder provincial del partido, José María Llanos, las presentó en las Corts habló de la necesidad de que se investiguen las violaciones en tiempos de la República. Con todo, lo más polémico de sus iniciativas han sido las peticiones de documentación. Cuando reclamaron en julio las subvenciones a colectivos LGTBI y las cantidades asignadas a actividades con menores, la Mesa de las Corts, a iniciativa del presidente, Enric Morera, lo llevó a la Fiscalía.
También han solicitado informes de todos los centros de menores relativos a incidentes o altercados en los que han participado menores extranjeros no acompañados, estableciendo un vínculo entre inmigración y actividades delicitivas. Pero ni esta ni tampoco la petición de informes sobre adaptación de menores no tutelados a «nuestra cultura y costumbres» han sido admitidas a trámite según el registro de las Corts.
