L'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció presta protección a un total de 19 denunciantes de casos de corrupción, la mayoría funcionarios, y tiene abiertos 300 expedientes de análisis y de investigación de conductas de dudosa legalidad.
Así lo ha asegurado el director de la Agencia Antifraude, Joan Antoni Llinares, quien ha presentado, durante más de dos horas y media, la memoria anual correspondiente al ejercicio de 2018 en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Corts Valencianes.
Llinares ha destacado la importancia que tiene para la prevención de la corrupción el hecho de que aquellas personas que, por su profesión o vivencia, contemplen actos corruptos o malas prácticas "lo denuncien y no les pase nada", ya que hasta ahora quienes daban este paso quedaban sometidos "a una serie de represalias o marginaciones que son intolerables".
En este sentido, ha destacado que la Comunitat Valenciana se ha adelantado a todos los territorios del Estado pero también a Europa al contar "con una legislación que establece precisamente la protección las personas que denuncian la corrupción".
Ha señalado que en estos momentos la agencia tiene un total de 19 personas protegidas, la mayoría de ellas funcionarias, aunque hay otras que se están tramitando, lo que a su juicio demuestra que "hay muchas cosas por hacer aún".
Ha explicado que para los empleados públicos contar con este organismo es "una vía de tranquilidad" y ha señalado que la utilidad la agencia está representada en los 300 expedientes que tiene abiertos de análisis e investigación, de los que no todos prosperarán, ha afirmado.
Ha explicado que a lo largo de 2018, se han presentado 181 denuncias, de las que la mitad son anónimas, y la mayor parte están relacionadas con los procesos vinculados a la gestión de personal (selección, promoción o cobertura de plazas), seguidas de los procesos de contratación pública.
Entre los casos más destacados analizados en 2018 ha citado el relacionado con los cursos de formación, que tuvo que ser trasladado a la Fiscalía central porque no solo afectaba a la Comunitat Valenciana sino también a otros territorios.
Llinares, quien ha dicho que no puede quejarse del presupuesto que tiene, ha defendido que la prevención no es un gasto sino una inversión que reporta "más beneficios" que perjuicios, y ha recomendado a quien crea lo contrario que se lea las sentencias que ha habido en los casos Emarsa o Gürtel.
Ha asegurado que mucho del dinero defraudado en esos casos se produce porque no ha habido control, y ha destacado que en estos momentos hay 400 depuradoras en la Comunitat Valenciana pero no se tienen medios para garantizar que no se están produciendo más casos Emarsa.
El director de la Agencia Antifaude ha destacado también la importancia de la formación del funcionariado a la hora de prevenir y evitar las prácticas corruptas, y de que el sector público esté dotado de códigos éticos y procesos de selección que sus trabajadores cumplan los requisitos de mérito, capacidad e igualdad.
El popular Fernando Pastor ha preguntado si se ha abierto alguna investigación sobre el comportamiento de empresas vinculadas al hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig, y desde Ciudadanos se han interesado por si el Consell está poniendo trabas a su labor.
Llinares ha rechazado romper el principio de confidencialidad hasta que el proceso que afecta a Puig haya terminado, y ha defendido la presunción de inocencia en este, y en otros casos que, según ha dicho, analiza la agencia y no han trascendido a la opinión pública ni lo harán.
Ante las críticas de Vox por el "gasto inútil" que suponen estos organismos y por el "enchufismo" que hay en ellos, el director de la Agencia, ha defendido que los trabajadores de esta agencia son todos funcionarios y no le deben a nadie el puesto en el que están.
El PSPV y Compromís han defendido la importancia de la labor que desarrolla la agencia, y Podem ha mostrado su especial preocupación por la contratación pública de empresas que han estado vinculadas a tramas de corrupción.
