Dos cosas codiciaba Compromís en la negociación del Botànic II: el control de los presupuestos de la Generalitat y el de la función pública. Con los resultados electorales, quedarse con la Conselleria de Hacienda devino como un objetivo inalcanzable para la coalición de izquierdas. Lo segundo, tener autonomía para decidir en materia de personal, resultaba más factible si, como ocurrió la pasada legislatura, la Dirección General de Función Pública quedaba bajo su órbita.
El reparto botánico asignó de nuevo a un cargo de Compromís este negociado con competencias transversales, pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Y la práctica es que será Unides Podem y no Compromís la formación que tendrá, junto con la titular de Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, la llave de la función pública valenciana.
Así se desprende de la delegación de competencias firmada por Bravo a principios de agosto, un decreto que pasó desapercibido en su día, pero que tiene enjundia y lectura política. La delegación de competencias de un miembro del Consell en su segundo escalón (normalmente el inmeditamente inferior) era un trámite habitual.
Sin embargo, la pasada legislatura generó un grave conflicto entre los socios del bipartito (PSPV y Compromís). Bravo, jurista independiente pero nombrada por la cuota socialista, mantuvo un pulso con la líder de Compromís, Mónica Oltra. La consellera se resistió durante más de quince meses a delegar en los cargos de Compromís los asuntos claves de personal, en concreto, los informes de carácter preceptivo y vinculante sobre normas que afectan a la estructura orgánica, métodos de trabajo y personal elaborados por la conselleria, por ejemplo, los reglamentos orgánicos y funcionales.
Tras un tenso tira y afloja, Bravo acabó cediendo, si bien evitó dar el poder a su entonces secretario autónomico e histórico del Bloc, Ferran Puchades. Los informes vinculantes de Función Pública quedaron en manos de la entonces directora general del área, Eva Coscollà, cuota Compromís, pero con la que Bravo tenía mayor sintonía.
Sin acceso a estudios preceptivos
En la nueva legislatura, la dirección general sigue en manos de Compromís. Para el puesto se sitúo a David Alfonso Jarque, persona de confianza de Mónica Oltra, ya que ejerció de subsecretario de Políticas Inclusivas, pero no heredará la llave de los codiciados informes preceptivos.
A diferencia de lo ocurrido en el primer Botànic, Bravo no se ha resistido a una delegación de competencias lógica teniendo en cuenta el volumen de burocracia de esta conselleria, pero ha decidido que sea la secretaria autonómica de Unides Podem quien ejerza el grueso de las competencias de personal, incluido los informes de carácter preceptivo y vinculante. Eso sí, Bravo, que cuida con celo este tipo decisiones, tendrá que ser informada del contenido de estos documentos.
La nueva secretaria autonómica, Mireia Llobera, con la que la consellera ha tejido complicidades, tendrá también en sus manos otras decisiones claves, como el nombramiento de personal funcionario interino o la contratación de personal laboral fijo. En un contexto de pelea por el incremento de efectivos esta competencia, también es clave. El decreto, con todo, deja claro que en cualquier momento la delegación de competencias puede ser revocada y que «en cualquier momento, la consellera «podrá recabar el conocimiento y resolución de cualquier asunto».
