Verano tras verano miles de personas optan por las playas de la Comunitat Valenciana para refrescarse ante el calor intenso que impera en el litoral mediterráneo. Sin embargo, ese mismo período estival registra también, año tras año, otro dato mucho más oscuro: decenas de personas fallecen en estos espacios acuáticos.
Solamente este fin de semana murieron cinco personas en la costa valenciana. Ya son 55 las víctimas que se acumulan en este 2019 -por las 37 del curso anterior-, que han consolidado a la Comunitat Valenciana como la comunidad autónoma con mayor cantidad de este tipo de tragedias de España durante este año. Las principales causas: la llegada anticipada del calor, las imprudencias de los bañistas y, según apuntan los socorristas, la falta de una legislación clara y eficiente para la prevención de estos incidentes que hace que muchos de estos espacios no dispongan, por ejemplo, de servicio de salvamento en pleno mes de septiembre, cuando la asistencia a las playas todavía es habitual por el buen tiempo.
«Este fin de semana se ha producido un cóctel explosivo», explica Salvador Perelló, responsable de formación de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunitat Valenciana (FSSCV). «Había mar de fondo con olas de medio metro de altura, aire de poniente, mucho calor? y una evidente falta de prevención», detalla. ¿A qué se refiere Perelló con esa «falta de prevención»? Concretamente a «la retirada de servicios de vigilancia». De las cinco muertes que se produjeron durante el fin de semana, en tan solo una de esas playas -la del Mareny de Barraquetes (Sueca)- había socorristas preparados para cualquier eventualidad. No estaba disponible ese servicio ni en Oliva ni en la Malva-rosa (València) -donde se registraron los otros incidentes- si bien uno de los fallecidos en esta última playa se produjo a las 3 de la madrugada, una hora a la que nunca se presta esa asistencia.
En una gran cantidad de playas valencianas no hay servicio de socorrismo durante el mes de septiembre -salvo fines de semana puntuales- pese a que el buen tiempo sigue llamando a los ciudadanos y turistas a darse un baño para refrescarse. «Es una lucha que mantenemos desde hace mucho tiempo», señala Perelló, que incide en que «no se ha aprobado ninguna normativa nacional desde 1972, en la que únicamente se pide que haya personal suficiente». Se trata de una regulación que transfiere por completo las competencias a los ayuntamientos. «Cada uno decide poner lo que quiere según considere. En muchos casos lo ven simplemente como un gasto, de manera que hay lugares en los que se da un servicio muy bien planificado, pero también hay otros donde éste es malo o directamente ni lo hay», lamenta Perelló.
El ejemplo de Baleares
En este sentido, el formador defiende la legislación aprobada en Baleares: «Allí ya se han adelantado y se ha aprobado una normativa en la que se califica cada zona de baño según una serie de parámetros de afluencia, temporada y peligrosidad». Con esos datos, se destina un servicio específico a cada playa para atender a sus propias características. Los datos hablan por sí solos: según los datos del Informe Nacional de Ahogamientos (INA) emitido por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), este año hasta el 15 de septiembre habían fallecido 50 personas ahogadas en la C. Valenciana -la cifra alcanza ahora ya las 55- mientras en Baleares solo habían muerto por esa causa 14. Canarias también ha dado ese paso y será la segunda comunidad autónoma en funcionar de este modo. La Comunitat Valenciana todavía espera.
