25 de septiembre de 2019
25.09.2019

La Agencia Antifraude protege a 19 denunciantes

El director, Joan Llinares, lamenta que los medios son insuficientes para prevenir y detectar irregularidades

25.09.2019 | 00:46
El director de la Agencia Antifraude, Joan Antoni Llinares (en el centro), presenta en las Corts la memoria anual del organismo.

La Agencia Antifraude de la Generalitat mantiene abiertos 300 expedientes de análisis y de investigación de conductas de dudosa legalidad y protege a 19 denunciantes, la mayoría funcionarios. Estas son las principales conclusiones de la memoria de 2018 que el director de este organismo, Joan Antoni Llinares, presentó ayer durante más de dos horas y media en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Corts Valencianes.

Llinares, en declaraciones a Levante-EMV, advierte de la necesidad de incrementar los medios y los controles internos, que, según lamenta, son los mismos que en el caso Emarsa, que investigaba el saqueo de 31 millones entre 2014 y 2010 en la depuradora de Pinedo. «En estos momentos, señaló, hay 400 depuradoras en la Comunitat pero no se tienen medios para prevenir y detectar» situaciones similares.

El director de la agencia se muestra también sorprendido por el número de expedientes, «más de los que esperábamos», aunque, puntualiza, de momento se ha conseguido reducir la diferencia entre los que reciben y los que resuelven.

Llinares incidió en la importancia que tiene para la prevención que aquellas personas que dan el paso y denuncian tengan amparo y «no les pase nada», ya que hasta ahora quedaban sometidas «a una serie de represalias o marginaciones que son intolerables». Puso en valor cómo la Comunitat se ha adelantado a todos los territorios del Estado pero también a Europa al contar «con una legislación» específica.

A lo largo de 2018, se han presentado 181 denuncias, de las que la mitad son anónimas, y la mayor parte están relacionadas con los procesos vinculados a la gestión de personal (selección, promoción o cobertura de plazas), seguidas de los procesos de contratación pública.

Entre los casos más destacados analizados citó el relacionado con los cursos de formación, que se trasladó la Fiscalía central porque no solo afectaba a la Comunitat sino también a otros territorios. Llinares, quien dijo que no puede quejarse del presupuesto que tiene, defendió que la prevención no es un gasto sino una inversión.

El director de la agencia resaltó la importancia de la formación del funcionariado para prevenir y evitar las prácticas corruptas.

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