Lo avisó el presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, cuando presentó los presupuestos de 2019: «Son unas cuentas de lenta ejecución». Nueve meses después, la oposición denuncia que es «demasiado» lenta. Según las propias previsiones del gobierno provincial, la corporación dejará sin ejecutar 58,2 millones de euros, el 12 % del presupuesto del ejercicio.

Según denunció ayer el PPCV, a fecha cerrada del primer semestre del año solo se había ejecutado un 38 % del presupuesto, que ascendía para este ejercicio a 667 millones con las estimaciones de crédito incluidas. Es decir, algo más de 350 millones no se habían ejecutado a mitad de año.

Según el portavoz popular en la comisión de Hacienda, Carlos Gil, el capítulo de inversiones apenas alcanza el 24,5 %. Lo mismo en las transferencias de capital, para las que tenían comprometidos 72 millones, pero se da por hecho que se quedarán sin gastar algo más de 25.

Gaspar sabía cuando compareció para explicar las cuentas de este año que la Administración provincial no funciona tan rápido como le gustaría. El escollo principal está en la Ley de Contratos del Sector Público y sus últimas modificaciones, que dificultan la ejecución de la diputación y de los ayuntamientos. «Se han ralentizado mucho los procesos por los requisitos que se exigen y porque las dotaciones de personal son las mismas que hace diez años», explicó el presidente.

Es historia de la corporación provincial dejar al cierre del ejercicio cifras muy bajas de ejecución. Aún así, el diputado delegado de Hacienda, Vicent Mascarell, avisa de que todavía no se sabe si se dejarán 58 millones por distribuir. No se sabrá hasta el 31 de diciembre, pero hoy por hoy, se trabaja con esa previsión.

A la ley de Contratos se suma la extrema fiscalización en la Administración, que trabaja bajo el foco de la corrupción sufrida. Además, Mascarell destacó que el gobierno de la pasada legislatura, ya con Gaspar al mando, repartió los fondos siguiendo los fundamentos de la concurrencia competitiva. Es decir, se han reducido al mínimo exponente las ayudas arbitrarias que concedían los gobiernos populares, por lo que los 34 millones de los que disponía Alfonso Rus para asignar a los ayuntamientos «a dedo», ahora también se someten a las reglas del concurso público.

Las elecciones municipales del 26 de mayo también han ralentizado la asignación y ejecución presupuestaria. De hecho, a petición de una buen número de ayuntamientos, la corporación prevé conceder una prórroga para poder presentar más allá del 31 de octubre la justificación de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) para dar margen a los ayuntamientos que todavía no las han podido emplear.

La ejecución presupuestaria es un quebradero de cabeza para el equipo de Gaspar. Él mismo reconoció ayer que, junto a la vicepresidenta Maria Josep Amigó, van a llevar a cabo una «revolución» en todos los departamentos para simplificar a dos las líneas de financiación de los ayuntamientos para agilizar los procesos. Plantean una para inversión y otra de acceso al fondo de cooperación, de tal forma que aglutinen el 90 % de las ayudas municipales y sean los alcaldes quienes decidan qué hacer con los fondos asignados.