El Plan de accion territorial del sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) ha evitado la urbanización de 15.000 hectáreas inundables desde que se aprobó y entró en vigor en 2003, según datos que maneja la Conselleria de Política Territorial. La mitad de este territorio ha quedado protegido durante los últimos seis años, ya que esta misma estadística ascendía a 7.500 hectáreas de terreno inundable protegido a finales del año 2013.
Al evitar la urbanización de estas 15.000 hectáreas también se han evitado daños potenciales en bienes materiales por valor de 500 millones de euros, apuntan desde a Conselleria de Política Territorial que dirige Arcadi España.
El paso de los años y la concienciación de los responsables municipales y autonómicos ha incrementado la aplicación exhaustiva del Patricova que, durante los primeros años en vigor apenas se trasladó a los desarrollos urbanísticos. De hecho, como admitía la antigua Conselleria de Territorio en la revisión del Patricova el 81,7 % de los planes urbanísticos en suelo inundable aprobados por las comisiones territoriales de urbanismo (CTU) entre 2003 y 2012 no se sometió al visto bueno del Patricova.
Incluso en la época del «tsunami» urbanístico se llegaron a aprobar 113 planes en todo el territorio valenciano con el informe desfavorable de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y el Segura o, en algunas ocasiones, sin ni siquiera pedir el informe preceptivo al organismo estatal. De hecho, de los 542 municipios valencianos, sólo 87 tienen aprobados las normas de planeamiento municipal (plan general o normas subsidiarias o urbanísticas) con las directrices del Patricova incorporadas al urbanismo local.
Durante la revisión del Patricova entre 2009 y 2015 la Conselleria de Territorio advirtió a los 24 municipios con mayor riesgo de inundación que todos aumentaban el riesgo si desarrollaban sus planes generales, excepto los municipios de Cullera y Rojales.
Tras la entrada en vigor de la normativa urbanística del Patricova actualizada (de obligado cumplimiento), todos los proyectos urbanísticos diseñados en zonas inundables de nueva tramitación deben elaborar un estudio de inundabilidad en el que valoren la posibilidad de renunciar a urbanizar parte o todo el suelo incluído en el nuevo plan urbanístico. Un cumplimiento de la legalidad del que tampoco se escapan los planes urbanísticos aprobados definitivamente, ya que antes de ejecutarse deben verificar ante la Conselleria de Política Territorial la «peligrosidad de inundación» en sus propuestas urbanísticas y ceñirse a normas de edificación obligatorias: orientación de las edificaciones para evitar el efecto barrera o prohibición de construir bajo rasante, entre otras medidas exigidas.
