Dos arquitectos imputados en la pieza separada del caso Taula que investiga las adjudicaciones irregulares en Ciegsa, la empresa pública encargada de la construcción de centros escolares en la Comunitat, declararon ayer ente el juez que la Conselleria de Educación revisaba algunos de los proyectos en los que participaban.

Según fuentes conocedoras de los interrogatorios, ambos negaron las irregularidades que se les imputan aunque admitieron deficiencias entre el equipo técnico de Ciegsa. Además, reconocieron que dejaron Ciegsa para trabajar en Sedesa y BM3, dos de las empresas investigadas por adjudicaciones irregulares.

Los dos investigados residen en la actualidad en Perú. Ambos tienen la obligación de ponerse a disposición del juzgado cuando sea requeridos. La instrucción de esta pieza separada se retomará el 6 de noviembre con el interrogatorio como testigo de Alejandro Font de Mora, exconseller de Educación.

Marcos Benavent, exgerente de Imelsa que colabora con los investigadores, declaró ante la Guardia Civil que «las mordidas de Ciegsa nos las repartíamos Máximo Caturla, Alfonso Rus, Vicente Betoret y yo». El sumario recoge que las comisiones ascendían al 3% del total del contrato adjudicado.