Si los primeros meses del año fueron complicados para el Instituto de Investigación Sanitaria de La Fe (IIS La Fe) por las protestas que sus trabajadores e investigadores protagonizaron en las calles por la precariedad de sus contratos (el 98,5 % de la plantilla tiene un contrato temporal), este otoño se prevé aún más caliente. Y es que la conflictividad laboral, que empezó con pancartas ha llegado ya a los juzgados y el próximo mes de octubre se iniciarán los juicios en los que cerca de una treintena de trabajadores de la fundación pública reclaman que sus contratos se conviertan en indefinidos al entender que están, actualmente, trabajando «en fraude de ley».

De su lado tienen a la Inspección de Trabajo, que tras visitar el centro de investigación en febrero a petición del comité de empresa, comprobó que al menos 62 trabajadores de los 331 de la fundación estaban abiertamente contratados «en fraude de ley». El problema es que encadenaban contratos temporales como los investigadores (que sí podrían sumarlos según la Ley de Ciencia cuando estén vinculados a proyectos en concreto) pese a que deberían ser de plantilla «estructural», ya que se encargan de los servicios y las plataformas de apoyo que son comunes a toda la institución.

Esta bolsa de trabajadores es la que, principalmente, está detrás de la treintena de demandas individuales que están llegando a los juzgados aunque también algún investigador «ha presentado la correspondiente demanda», según concretó ayer David Hervás, presidente del comité de empresa del IISLaFe.

Desde el comité auguraron que la cifra podría seguir subiendo ya que, pese a la contundencia de las conclusiones de la Inspección de Trabajo, el organismo estatal no podía emplazar a la Generalitat a convertir automáticamente los contratos en indefinidos y solo se podía hacer «en base a una resolución judicial» y no administrativa, resolución que ahora esperan conseguir estos trabajadores de las plataformas de investigación y servicios de gestión.

En su día, el ahora exgerente de la fundación y actual Director General de Investigación y Alta Inspección, Javier Burgos, reconoció ante Trabajo que era Hacienda quien impedía transformar estos puestos y que éste era un problema «heredado».

Movilizaciones

Desde el comité de empresa, su presidente David Hervás aseguró que están pendientes de decidir si la plantilla de trabajadores del centro investigador volverá a salir a la calle semanalmente como se hizo a principios de año, pues están esperando los movimientos de la Administración para saber qué hacer. «Hemos tenido alguna reunión y tienen sobre la mesa nuestras demandas y el informe de Inspección de Trabajo. Según lo que hagan o lo que tardan en hacerlo, decidiremos. Estamos a la espera», resumió.