El plan de retención de créditos para contener el gasto del Consell este año (lo que la oposición política llama recortes) está a un paso. Los socios han acercado posiciones en los últimos días sobre el tijeretazo a las cuentas de 2019 para poder así elevar pronto al Ministerio de Hacienda el Plan Económico y Financiero (PEF) que reclama. Este trámite es necesario para poder recibir el ingreso del FLA extraordinario (250 millones de euros) antes del 9 d'Octubre, como aseguró la ministra María Jesús Montero.
La urgencia de liquidez obliga al acuerdo. La propia titular de Hacienda expuso que la Comunitat Valenciana entraría en una situación crítica de tesorería a final de octubre si no recibe una inyección económica. El Gobierno mantiene bloqueados 450 millones de las entregas a cuenta del sistema de financiación con el argumento, avalado por la Abogacía del Estado, de que está en funciones. Aunque el criterio ha cambiado con la disolución de las Cortes Generales, el ejecutivo valenciano no tiene una fecha precisa para la recepción de estos fondos. El dinero más cercano son los 250 millones del ExtraFLA, si bien están condicionados al PEF y, lo que es lo mismo, a los ajustes al presupuesto de 2019.
Compromís exhibió un discurso combativo tras el primer encuentro del conseller de Hacienda, Vicent Soler (PSPV), con la vicepresidenta Mónica Oltra y el titular de Educación, Vicent Marzà, ambos de Compromís. Puso condiciones al tijeretazo de 440 millones. Entre ellas, la posibilidad de contratar nuevo personal público.
El mensaje lo ha modulado posteriormente, aunque con diferencias internas. Oltra calificó la inyección del ExtraFLA de «rayo de luz» y casi simultáneamente el portavoz del grupo en las Corts, Fran Ferri, aventuraba la posibilidad de plantarse ante Madrid y no presentar el PEF, porque el FLA es «un mecanismo perverso», dijo, en referencia a que aumenta la deuda de la Generalitat.
Sucede, sin embargo, que los departamentos del Consell (y Políticas Inclusivas, el de Oltra, no es una excepción, más bien al contrario) necesitan el oxígeno de estos créditos para pagar a centros sociales y proveedores antes de que las alarmas salten y sitúen incluso a la Generalitat en situación de ser intervenida por Hacienda.
El acuerdo entre los tres socios del Botànic está a un paso, según fuentes del ejecutivo, pero lo que no está claro es si este consenso pasará por el pleno del Consell. No sería necesario, aunque algunos consellers lo prefieren para dotarlo de más fuerza simbólica y acentuar la imagen de unión.
El president, Ximo Puig, y Soler han reiterado que los créditos retenidos no afectarán al gasto social, sino a partidas de difícil ejecución y proyectos aplazables al año siguiente.
El presupuesto de 2020, no obstante, es un gran enigma en estos momentos. Y no es una circunstancia específica de la Comunitat Valenciana. La indefinición sobre los fondos con que va a contar cada autonomía del sistema de financiación (de la recaudación de impuestos, por tanto) está llevando a soluciones diversas. Madrid ha anunciado una prórroga de las cuentas de 2019, mientras la Xunta de Galicia (también gobernada por el PP) ha afirmado que aprobará sus presupuestos en los plazos reglados.
En el caso valenciano, la prórroga de las cuentas de este año es la opción con más peso, según las fuentes consultadas, a no ser que el ministerio, como sucedió en 2016, envíe una comunicación en el último momento con la estimación del dinero del que puede disponer la Generalitat en 2020.
Si no sucede tal cosa, la posibilidad con más enteros es la prórroga del presupuesto, una situación que sería novedosa en la historia del autogobierno. Evitaría fricciones entre socios en torno a los gastos de 2020 en un contexto electoral, a pesar de ofrecer una imagen de menor solvencia. Evitaría además el trago amargo de presentar unos presupuestos restrictivos, que reduzcan el gasto previsto en 2019, cuando se contaba con el respaldo de un gobierno amigo en Madrid.
