El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv) busca «damnificados» por la orden de ayudas públicas aprobada en su día por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas para becar a aspirantes con menos de 30 años y dificultades económicas que buscan convertirse en altos funcionarios o funcionarias de la Generalitat mediante una oposición. La medida, anunciada en su momento por el presidente Ximo Puig tras el seminario celebrado en Biar, tiene por objetivo atraer talento joven a la Generalitat, en concreto, a las convocatorias del grupo A, la máxima categoría funcionarial.

De hecho, ya hay preseleccionadas unas 450 personas a quienes la Generalitat tiene previsto dar una paga mensual de hasta 500 euros (con un máximo de 6.000 euros) con el fin de que puedan dedicarse a estudiar cuando concurran a alguno de los procesos en marcha de las ofertas de empleo público.

Tal como informó en su día este diario, la orden no fue recibida con agrado por aspirantes que iban a quedar automáticamente fuera de estas ayudas por ser mayores de 30 años. Tampoco gustó al sindicato CSIF que anunció un recurso contencioso administrativo. El colectivo de funcionarios y el sindicato optaron por pasar a la acción y llevaron el caso ante el TSJ.

Ahora, cuando el proceso está muy avanzado, la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal ha ordenado la práctica de emplazamiento de los terceros interesados. Es decir, hace un llamamiento a «posibles solicitantes de ayudas económicas para contribuir en los gastos ocasionados por la preparación de procesos selectivos para el acceso a los distintos cuerpos o escalas del grupo de clasificación profesional A de la Administración de la Generalitat».

El recurso, en caso de prosperar, supondría un revés para la conselleria que siempre ha defendido que el requisito de la edad no era discriminatorio ya que muchas convocatorias de ayudas lo incluyen. El objetivo, además, era rejuvenecer una plantilla que cada año pierde por jubilación centenares de efectivos. De momento, la conselleria puede enfrentarse a un aluvión de recursos.

Requisitos discriminatorios

El colectivo de funcionarios (muchos de ellos, interinos que aspiran a una plaza fija) alegaba que también era discriminatorio el requisito de residencia en la Comunitat y entendían que el acceso restringuido a estas pagas tiene como consecuencia que se vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad a la hora de acceder al empleo público. Se daría, añadían, ventaja a los becados por dos factores: la edad y el lugar de residencia.

Junto a los ingresos económicos, también se ha tenido en cuenta a la hora de seleccionar a los posibles becados su expediente académico, ya que la idea es atraer a la Administración a los mejores expedidentes.