Ciegsa no deja de ser un nido de problemas. La Intervención de la Generalitat, como ya ha sucedido en ejercicios anteriores, ha vuelto a censurar varios aspectos de la contratación. Aun así, el Consell del Botànic ha decidido mantener activa la empresa pública, al menos hasta 2020, para encapsular en ella la gestión de los barracones mientras existan.
El último informe de los interventores, referido a 2018, incide en la valoración «desfavorable» de la contratación realizado por el organismo enteramente público. No se ajusta a los principios de la contratación pública, le recrimina, porque «continúa efectuando prórrogas anuales en los suministros de instalaciones educativas provisionales», que es la forma técnicamente correcta para lo que popularmente son conocidos como barracones.
Además de alargar contratos (y no sacarlos a concurso), el informe del ente fiscalizador añade en contra de los gestores de Ciegsa que realizan modificaciones de estos que afectan a las condiciones esenciales que rigieron su adjudicación.
En pocas palabras, la Intervención afea que se prorroguen y se modifiquen contratos de suministros de los barracones y no se saquen a concurrencia pública.
El organismo insiste además (ya era asunto que figuraba en el informe del año anterior) en el mal uso de los contratos menores, ya que constata que existen servicios que se renuevan año tras año mediante este tipo de facturas cuando la ley dice que los contratos menores «no pueden tener una duración superior a un año ni prorrogarse». Cita los pagos del mantenimiento de climatización o para trabajos informáticos. Los interventores llaman a evitar la concatenación de este tipo de contratos para la misma actividad. Lo que se produce, si no, es un fraccionamiento de contratos.
La gestión de Ciegsa durante la etapa del PP está en los tribunales. Constituye una pieza separada dentro del caso Imelsa. La investigación se centra sobre el expresidente de la Diputación de València Alfonso Rus, el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla, técnicos de la entidad y empresarios. El juzgado consideró que existen indicios de que se favoreció contractualmente a algunas empresas y que este hecho podría estar vinculado con la financiación del PP.
Ciegsa ha sido objeto asimismo de una comisión de investigación en las Corts. Esta concluyó que la entidad se creó para evitar controles y que practicó con asiduidad los sobrecostes en la financiación. El PP se opuso a estas conclusiones, firmadas por PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos.
