Los animales que hayan sido abandonados o cuyos propietarios los maltraten ya no estarán desprotegidos judicialmente. La asociación Abogados Valencianos en Defensa Animal (Avada), que se presentó ayer en sociedad, les dará cobertura legal de forma gratuita. Esta entidad «pionera» está formada de momento por nueve abogados que pretenden que todos los animales tengan quien les defienda sus derechos y se castigue debidamente a aquellos que no se los respeten.

Según revela Amparo Requena, presidenta de Avada y promotora de la Sección de los Derechos de los Animales del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), «la mayor parte de los casos de maltrato animal los reciben animales abandonados o se los infringen sus mismos propietarios». Ante estas situaciones, asegura Requena, «nadie va a denunciar por ellos». «Las protectoras no pueden hacerse cargo porque no tienen recursos para pagar a un abogado», explica.

Evitar el archivo de los casos

Por ello, Avada nace con la intención de ofrecer esa cobertura de forma altruista. «Hemos formado un engranaje junto al Colegio de Procuradores y al Colegio de Veterinarios para dar respaldo ante estos casos y poder personarnos como acusación», confirma la portavoz de la asociación. «Nuestra labor servirá para dar cobertura legal a una gran cantidad de casos que no son sancionados», añade Requena. Hasta el momento, sin la acusación que ahora protagonizará esta nueva asociación, buena parte de estos casos acababan siendo archivados.

Además de esta defensa legal, los integrantes de Avada también tienen intención de presionar para que cambien las leyes en beneficio de la protección de los animales. Por vía administrativa el maltrato animal está tipificado como una sanción muy grave, con multas de 6.000 a 18.000 euros. Sin embargo, según recuerdan, actualmente el mayor castigo por vía penal estipulado por la jurisdicción española por maltrato animal es de un año y medio de prisión, por lo que muchos de los condenados -los que no tienen antecedentes penales- no llegan a pisar centro penitenciario alguno.

Efecto disuasorio de las penas

Por ello, reclaman que algunas penas superen los dos años, lo que aseguraría el ingreso directo en prisión. «No es que queramos que vaya más gente a la cárcel, sino que pretendemos disuadir de que se cometan estos delitos», aclara Requena. «Además, hay casos tremendamente sangrantes que evidencian otro tipo de actos delictivos», añade la letrada, que recuerda un caso concreto: el de un padre que se dedicaba a quemar con cigarrillos al perro de la familia para amenazar a sus hijos con lo que les podría pasar a ellos también.

¿Y cómo deben actuar aquellas personas que conocen un caso de maltrato animal y quieren denunciarlo? Según expone, «lo primero que deben hacer es cargarse de pruebas», en este caso, sobre todo gráficas. «Si consideramos que tiene recorrido jurídico penal activaremos la maquinaria necesaria para presentar la denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que, además, está haciendo un excelente trabajo en este sentido», asegura.