Las Corts Valencianes dio ayer un paso más en su reivindicación al Gobierno de España en materia de financiación. No es la primera vez que el parlamento valenciano aprueba una iniciativa de este estilo. Ya lo hizo,incluso de forma unánime, en el pasado. Pero nada ha cambiado en estos años. Ningún Gobierno ha atendido la reivindicación valenciana.
Sin embargo, la proposición no de ley aprobada ayer a instancias de Compromís, a la que se sumó el Botànic y el PP y de la que se desmarcaron Ciudadanos y Vox, introduce algunas novedades. Exige avanzar en la reforma del modelo de reparto del dinero, pero llama a rebajar el poder del Estado en la financiación con una reforma del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que elimine la mayoría, 51% de los votos, que el Gobierno tiene en la actualidad.
Además, la reclamación de las Corts tiene en cuenta peticiones que realizaron los expertos valencianos sobre la financiación como que se contemple la transferencia a las autonomías del 70% de la recaudación del IVA y de los impuestos especiales para financiar un fondo básico de financiación de los servicios públicos fundamentales.
También exige que el envío de los adelantos de la financiación no dependan de las decisiones políticas y que el CPFF se convierta en un órgano multilateral de decisión sin que el Gobierno tenga la capacidad de bloqueo de la que dispone ahora.
Además, la propuesta incluye también como reivindicación la inclusión de la devolución de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017, que el ex ministro Cristóbal Montoro dejó por pagar, e insta a trabajar para desligar futuras entregas a cuenta de la tramitación de la ley de Presupuestos Generales, de modo que las transferencias lleguen de forma autonómica independientemente de si el Gobierno está en funciones o no.
Deuda histórica
La iniciativa reclama, además, la aprobación de mecanismos temporales de compensación mientras la reforma no se produzca; el reconocimiento de la deuda histórica valenciana desde que se produjeron las transferencias de competencias a la Generalitat en los 80, y la definición y establecimiento de un mecanismo de compensación del déficit generado.
«No bajaremos el tono», aseguró el síndic de Compromís, Fran Ferri, que había pactado una enmienda con Podemos y PSPV para sacar adelante la iniciativa.
El portavoz de Economía de Podemos, Ferran Martínez, pidió ampliar el debate y revisar también la ley de Estabilidad, el artículo 135 de la Constitución o el techo de gasto.
En cambio, del acuerdo se excluyen Ciudadanos y Vox. El primero admite que el modelo es injusto porque un escolar vasco recibe un 40% más de inversión que uno valenciano. El partido de Cantó se planteó apoyar la iniciativa porque considera urgente la reforma de la financiación. Cs llegó a participar en la manifestación por una financiación justa de noviembre de 2017 y en la plataforma que se creó posteriormente, pero ayer aseguró que en el Botànic prima la campaña electoral y que la iniciativa ha quedado descafeinada porque donde antes se hablaba de exigir ahora se habla de avanzar. En cambio Vox rechazó de plano la posibilidad de quitar poder al Gobierno en el Consejo Fiscal.
Compromís acusó a Ciudadanos de rebajar las exigencias de las Corts y de apostar por el «café para todos». «Si no tratas diferente a situaciones diferentes nunca encontrarás la igualdad», dijo Ferri.
En cambio, el popular Rubén Ibáñez criticó la debilidad de Compromís por cambiar su propuesta inicial, que pedía la convocatoria urgente del CPFF para cambiar el sistema de financiación, por otra que pide avanzar cuando nada ha cambiado desde que Sánchez llegó al poder.
