Nuevo periodo de gracia a los ayuntamientos valencianos que en su día se sintieron atraídos por el que fue el plan estrella del entonces presidente Francisco Camps para crear riqueza en los municipios. El plan de inversión productiva en los pueblos y ciudades, más conocido como plan Camps, y que nació como respuesta política al plan E de Zapatero, acabó siendo un fiasco y una auténtica rémora para las cuentas autonómicas.

Las dificultades para la ejecución de las obras han sido enormes y, a pesar de las modificaciones introducidas por el Consell del Botànic, la Conselleria de Hacienda no ha podido soltar lastre y eliminar de su capítulo de inversiones esta partida. El motivo fundamental es que dar carpetazo al programa supondría dejar en la picota a decenas de ayuntamientos que aún no han acabado las inversiones programadas a cargo de esta partida. La Conselleria de Hacienda ya tuvo que actuar el año pasado con una modificación puntual en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2019 en la que alargaba la vida de este proyecto hasta diciembre de 2020.

Un nuevo aplazamiento

A pesar de que aún queda un año para que este plazo venza, el departamento que dirige Vicent Soler se pone la venda antes de la herida y alarga el plazo a 2021. Esta propuesta aparece reflejada en el anteproyecto de ley de acompañamiento para los presupuestos de 2020.

La decisión supone posponer por tercera vez el fin del controvertido proyecto del expresidente Camps, un plan que debía haber acabado hace años.

Tras ser presentado con bombo y platillo, el plan empezó a andar en 2009, pero su arranque ya fue un fiasco. En una primera fase, pocos ayuntamientos hicieron suya la iniciativa por temor a que la Generalitat, inmersa entonces en graves problemas de liquidez, se eternizara en el pago. Las condiciones del plan obligaban a los consistorios a financiar con carácter previo los proyectos. Sólo con la obra acabada y certificada, cobrarían de una Generalitat de la que ya colgaba el cartel de morosa. Además de la incertidumbre financiera, muchos proyectos sufrieron obstáculos de todo tipo. La conclusión fue una lenta y engorrosa ejecución que ha venido lastrando los presupuestos del Consell.

Dispuesto a soltar lastre, en mayo de 2016, el Consell del Botànic dictó un decreto para regular el procedimiento de liquidación de este plan y donde se fijaba junio de 2019 como la fecha tope para romper el compromiso de financiar a los ayuntamientos. Sin embargo, a mitad de legislatura se constató que seguían pendientes de ejecutar medio centenar de proyectos por un valor de 150 millones de euros, es decir, el 30 % de la partida que el gobierno de Camps diseñó en 2009 y que alcanzaba los 500 millones que se financiarían con cargo a deuda.

El texto que el Consell propone actualizar a través de la ley de acompañamiento incluye una modificación del decreto de liquidación del denominado oficialmente como Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunitat Valenciana. Se establece que las inversiones con cargo a este programa deberán quedar debidamente acreditadas y presentadas en la conselleria competente por razón de la materia la correspondiente acta de recepción de la misma, antes del 31 de diciembre de 2021». Se especifica que los saldos de remanentes de crédito ya no serán incorporados al siguiente presupuesto.

Precisamente esta incorporación de remanentes del plan Camps de un presupuesto a otro desde hace más de una década lastra la ejecución del capítulo de inversiones, pues son créditos que apenas se consumen.